ADOCCO y PC exigen se incluya al ministro Joel Santos y otros funcionarios Intrant en expediente Operación Camaleón

Santo Domingo.-Las organizaciones Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO( y Participación Ciudadana han reclamado al Ministerio Público que extienda las investigaciones en la denominada Operación Camaleón hasta los funcionarios del Gobierno y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que tuvieron participación en las “irregularidades”.

ADOCCO en una publicación en la red social X, ha manifestado sorpresa porque en el expediente no esté incluido el exministro de la Presidencia, Joel Santos, de quien dice fue que dio curso a la solicitud del exdirector del Intrant, Hugo Beras.

“Nos sorprende que en el expediente INTRANT-TRANSCORE LATAM, no aparezca como imputado el ex ministro de la Presidencia, Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, quien inició las irregulares, al gestionar a solicitud de Hugo Beras, la transferencia de fondos del IDAC, por la astronómica suma de RD$1,200,000,000.00, para la contratación de la empresa que tendría a cargo el control de la Red Semafórica del Distrito Nacional, objeto de acusación por corrupción”, establece ADOCCO.

Considera como primera irregularidad en el caso darle curso a un proceso de compras y contrataciones sin la debida provisión de fondos, como lo establece la norma y “transferir fondos del IDAC, a una institución que no guardan relación, mucho menos adscripción, los fondos del IDAC, provienen del cobro por tasas de operaciones de la Aviación Civil, para ser invertido en el desarrollo del sector, en el que evidentemente, no está el sistema de tráfico terrestre”.

Mientras que el coordinador de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, considera que se deben investigar a los funcionarios del Intrant que permitieron la ejecución de un contrato suspendido entre esta institución y la empresa Transcore Latam para la modernización, ampliación y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

Sostuvo que la continuación del contrato, a pesar de su suspensión, refleja una falta de control en la gestión pública y representa un riesgo tanto para el ordenamiento del tránsito como para la seguridad nacional, por lo que es de importancia de que el Ministerio Público actúe con firmeza en este caso.