El 20 de agosto de 1989, un doble asesinato sacudió la exclusiva comunidad de Beverly Hills. Los hermanos Lyle y Erik Menéndez asesinaron brutalmente a sus padres, José Menéndez y Mary Louise “Kitty” Menéndez, en su propia mansión. La pareja recibió múltiples disparos con escopetas mientras descansaban en su sala de televisión. En un principio, se creyó que el crimen podía haber sido obra de algún intruso, pero rápidamente se reveló que los propios hijos de la pareja lo habían perpetrado.
A lo largo de los juicios, los hermanos afirmaron que mataron a sus padres tras años de abusos físicos, emocionales y sexuales, pero la fiscalía sostuvo que lo hicieron por codicia, deseando hacerse con la millonaria herencia familiar.
Cuando ocurrió el crimen, la fortuna de los Menéndez estaba valorada en aproximadamente 14,5 millones de dólares. Esta cuantiosa suma se dividía principalmente entre tres activos principales: la mansión de Beverly Hills, donde ocurrió el asesinato, valorada en 4,8 millones de dólares, una casa en Calabasas, California, tasada en 2,65 millones, y 330.000 acciones de la compañía Live Entertainment, donde José Menéndez era director ejecutivo, con un valor estimado de 6,58 millones de dólares.
A estos activos se sumaban algunos bienes menores, como joyas, muebles y un modesto departamento en Nueva Jersey. Durante los años previos al crimen, la familia Menéndez había disfrutado de un estilo de vida lujoso, sustentado por los ingresos que José Menéndez generaba en la industria del entretenimiento, lo que les permitió acumular una fortuna considerable.
Sin embargo, tras el asesinato y el arresto de los hermanos, este patrimonio comenzó a desmoronarse rápidamente. Los registros judiciales desclasificados en 1994 revelaron que la mayoría de la herencia se agotó debido a impuestos, honorarios legales y pérdidas por la depreciación de los activos.
Uno de los activos más valiosos, la mansión de Beverly Hills, fue la primera en perder valor. El hecho de que fuera la escena del crimen afectó su valor de mercado, y los posibles compradores evitaban adquirir la propiedad debido al “mal karma” asociado con ella. Finalmente, la mansión fue vendida en 1991 por 3,6 millones de dólares, una cifra 1,2 millones menor de su valor original. Las ganancias de la venta se destinaron directamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para cubrir deudas fiscales. Sin embargo, en 2024 fue vendida nuevamente por 17 millones de dólares a la familia Lahijani.
Las acciones de Live Entertainment, que inicialmente habían sido el activo más sólido de la herencia, también sufrieron una importante depreciación tras el asesinato. El valor de las acciones se desplomó, lo que resultó en pérdidas de más de 500.000 dólares cuando fueron vendidas. Estos reveses financieros, sumados a los crecientes gastos legales, aceleraron la desaparición de la fortuna.
Para cuando se realizaron los cálculos finales del patrimonio en 1994, la mayor parte de los 16 millones de dólares que componían el valor máximo estimado de la herencia se había evaporado. Se gastaron más de 10,8 millones de dólares en impuestos sobre sucesiones y en los honorarios de los abogados que defendieron a los hermanos Menéndez durante sus juicios. Solo la defensa legal de Lyle Menéndez costó 740.000 dólares, mientras que la de Erik ascendió a 755.000 dólares.
Lo que quedó del patrimonio, según los registros judiciales difundidos en 1992 por Los Angeles Times, fue poco más que la casa en Calabasas, valorada en 1,9 millones de dólares (muy por debajo de su tasación original de 2,65 millones), algunas joyas, muebles y 651.948 dólares en efectivo. Sin embargo, este dinero no era suficiente para cubrir las crecientes deudas acumuladas, que incluían una hipoteca de 864.000 dólares en la casa de California, impuestos pendientes y otros gastos legales. Incluso si los hermanos Menéndez hubieran sido absueltos, no habrían heredado prácticamente nada debido a las deudas que superaban el valor de los activos restantes.
Si los hermanos Menéndez fueran liberados en la actualidad, su situación financiera no les permitiría disfrutar de la fortuna que alguna vez perteneció a su familia. Los registros judiciales desclasificados a mediados de los años 90 ya indicaban que el patrimonio estaba prácticamente en ruinas, con deudas que seguían acumulándose.
Entre los impuestos, hipotecas y honorarios de abogados, cualquier ingreso que pudieran obtener los hermanos sería absorbido inmediatamente por las deudas pendientes. Según los expertos, la herencia ha sido agotada hasta tal punto que, incluso si los Menéndez recuperaran la libertad, no podrían heredar nada.
Además, el estado financiero de los hermanos en la actualidad se ha agravado aún más. Los intereses acumulados sobre las hipotecas y las deudas fiscales continúan creciendo, lo que hace prácticamente imposible que puedan obtener beneficios económicos de su antigua fortuna. Las pérdidas económicas que enfrentaron en los años posteriores al crimen, incluyendo la depreciación de las propiedades y el mal manejo de su patrimonio, han dejado su situación económica irreparable, lo que implica que, en caso de quedar libres, seguirían enfrentando dificultades financieras significativas.
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Actualmente, los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, permanecen cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser condenados en 1996 por el asesinato de sus padres. A pesar de haber agotado varias apelaciones, su caso ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a nuevas producciones mediáticas, como la serie documental de Netflix, que ha reavivado el interés público y la especulación sobre su posible liberación.
En cuanto a su situación legal actual, se han presentado nuevas apelaciones basadas en la supuesta omisión de pruebas durante los juicios originales. En particular, los abogados defensores han argumentado que los abusos que los hermanos afirman haber sufrido por parte de su padre no fueron considerados de manera adecuada por el sistema judicial. Sin embargo, hasta ahora, los tribunales no han mostrado señales de reconsiderar las condenas.
Si bien es posible que continúen las apelaciones en un futuro, no hay indicios sólidos de que los Menéndez obtengan la libertad en el corto plazo.