Santo Domingo.- Participación Ciudadana declaró este martes su oposición a la nueva política aprobada por la Suprema Corte de Justicia, que elimina o sustituye toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física que está procesa en los tribunales a través de una “Política de Protección de Datos del Poder Judicial”.
La organización de la sociedad civil, advirtió que esa medida “ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción”.
Además, aseguró que viola la Constitución en cuanto establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso de que los juicios serán públicos, lo que es una garantía que no solo protege a los imputados.
«La Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal. La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables», argumentó.
Manifestó que el acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.
La Sociedad Dominicana de Diarios también se ha opuesto a la medida de la Suprema Corte de Justicia alegando que esa política intenta imponer restricciones unilaterales que contravienen preceptos constitucionales y legales relacionados con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre procesos judiciales.