Santo Domingo. –La cancelación de colabores pertenecientes a la Carrera Administrativa ha llevado a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) a tener que gastar casi 12 millones de pesos en la contratación de una firma de abogados para hacerle frente a las demandas que han generado esa práctica violatoria de la Ley 41-08 de Función Pública.
Pero si cuestionable es la cancelación de empleados protegidos por ley, más lo es que se contratara la firma de abogados Tuckwell Development, SRL por un monto de RD$11,233,600.00, haciendo uso del proceso CAASD-CCC-PEOR-2024-0002 por "Excepción por Selección Directa", para representar en los tribunales a la dependencia pública, por negarse a pagar los beneficios que les correspondían a esos servidores.
La contratación de la firma legal se hizo, a pesar de que la CAASD tiene 34 abogados nombrados como empleados fijos.
En total son 30 los servidores cancelados y la CAASD, que dirige Felipe Antonio (Fellito) Suberví Hernández, justifica gastar el dinero en abogado y no en pagarle a los cancelados, que incoaron las demandas en el Tribunal de Trabajo del Distrito Nacional, lo que consideran irregular.
Aunque la CAASD reconoce que decidió en 2013 que sus empleados pasaran a ser regido por la Ley 41-08 de Función Pública y pasar a ser incorporados en la Carrera Administrativa, decidió cancelarlos violentado esa legislación.
Entre los argumentos para elegir a la oficina de abogados Tuckwell Development, SRL, sin someter a una licitación para escoger una, asegura que lo hizo por la experiencia y especialización que tiene en derecho laboral, por su equipo de profesionales altamente calificados, manejo efectivo de casos complejos y asesoramiento estratégico para la solución de conflictos.
Sin embargo, esos servicios pueden se ofrecidos por decenas de oficinas de abogados, que, si se hubieran enterado de que la CAASD quería una representación legal, de seguro habrían participado en cualquier licitación.
Pero lo peor en este proceso, parece no es solo la escogencia mediante la excepción por selección directa de Tuckwell Development, SRL, sino que el certificado de apropiación de fondos del Ministerio de Hacienda hace contar que solo tenía disponibilidad de RD$2,246,720.00 para comprometer.
La CAASD es solo una de las instituciones del Estado, que al asumir el presidente Luis Abinader el Gobierno, cancelaron a miles de empleados protegidos por la Ley 41-08 por estar incorporados en la Carrera Administrativa.
