El gobierno de Nicaragua clausuró este miércoles una decena de oenegés, cinco de ellas religiosas, y suma ya unas 5.600 clausuradas desde las protestas en 2018 contra el presidente Daniel Ortega, según decretos publicados en el diario oficial La Gaceta.
Ocho de las diez ONG fueron canceladas “por estar en incumplimiento de sus obligaciones” y “no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos” y las otras dos por “disolución voluntaria”
Entre la decena de oenegés cerradas se encuentran cinco de carácter religioso.
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Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, endureció este año las leyes contra las oenegés y estableció que solo pueden trabajar en Nicaragua en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
El gobierno sostiene que las ONG y la Iglesia católica apoyaron las protestas en 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU y que Ortega consideró un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
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Según un estudio publicado en octubre por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio en Costa Rica, el gobierno de Ortega había cancelado desde 2018 y hasta entonces 5.571 oenegés.
Con estas diez y otras cerradas desde octubre, la suma roza las 5.600. De ellas, unas 1.250 son religiosas.
Vale recordar que a finales de noviembre el Congreso de ese país aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como “copresidenta”. Esa corporación, controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó “por unanimidad” la iniciativa presentada por el mandatario, según anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
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Esta reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y confirma el poder que tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta. De hecho, el texto concede un poder total al Ejecutivo, pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independie
