Para el empleador formal, los costos laborales no salariales mínimos por trabajador son de 29.3% a 31.1% del salario anual. Estos costos incluyen seguridad social, el pago al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) independientemente de si los empleados empleen sus servicios o no—, el sueldo 13 o regalía, y las vacaciones.
Para una empresa que reporta beneficios, sus costos laborales no salariales mínimos van de 45.0% al 52.1% del salario anual. El Código de Trabajo establece que el empleador debe pagar un mínimo de 10% de sus ganancias a los trabajadores como beneficios.
Si la empresa se ve precisada a despedir a un empleado, el costo por trabajador alcanza un mínimo de 54.48% del salario anual, para trabajadores con al menos un año laborando. Como el costo de cesantía se acumula en el tiempo, una persona empleada por 20 años podría representar un costo de 222.8%.
Como dijo Isaiah Berlin: “No todas las cosas son compatibles, y menos los ideales de la humanidad.” Por tanto, querer beneficiar a los empleados por encima de su aporte a los procesos productivos crea desigualdades e ineficiencias.
Los más perjudicados son los empleados jóvenes, con poca experiencia o formación. Es difícil contratarlos formalmente si no aportan a la productividad de la empresa, lo que exige en costos la legislación. Una razón para que los niveles de informalidad sean altos en el país.
Los más favorecidos son los empleados más viejos en las empresas. Aunque no sean productivos, cuesta mucho a las empresas poder sustituirlos por talento más productivo.
El ideal se impone al bienestar. Primero, los costos tienden a afectar la contratación de empleados formales y limitan el salario de los trabajadores. Segundo, los trabajadores dominicanos obtienen salarios inferiores debido a que los empleadores deben cubrir estos costos.
La prosperidad individual y colectiva se ven perjudicadas por ideales sin fundamentos económicos.
Pongamos atención a este tema en las discusiones de la reforma laboral. De lo contrario, los más perjudicados seguirán siendo los mismos a los que se pretende defender.