Santo Domingo.-. En el proyecto de reforma de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas se otorga facultades propias del Ministerio Público al director de Compras, Carlos Pimentel, lo que el exsenador Yván Lorenzo calificó de “adefesio”.
El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana dijo que el “adefesio” contenido en la pieza está incluido en el artículo 11 del proyecto que se discute en el Congreso Nacional y sometido por el Partido Revolucionario Moderno.
Entrevistado en el programa Ahora por la Súper 7, el exlegislador por la provincia Elías Piña agregó que “voy a alertar sobre otro adefesio que está cursando en el Congreso Nacional que dirige el PRM. La modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, que es la segunda que introduce el Gobierno del PRM, en su artículo 11, numeral 21, se está concediendo una función al director de Compras y Contrataciones (Carlos Pimentel) que son propias del Ministerio Público”.
Según Yván Lorenzo, en ese artículo del proyecto se faculta al director de Compras para que “investigue personas físicas, que suplan o no al Estado dominicano”.
Expresó que también la ley aprobada sobre la nueva Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) fue el primer adefesio aprobado por el Congreso Nacional, controlado por el PRM, por lo cual fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Sobre los bonos navideños
Con relación a la entrega de bonos navideños por parte del Gobierno, Yván Lorenzo considera esa medida como parte del “ciclón de la corrupción” que impera en la actual administración.
Afirmó que en la emisión de esos bonos hay un “gran desorden” y duda sobre que alrededor de tres millones de dominicanos vayan a recibir los 1,500 pesos en tarjetas suministradas a través del programa “Supérate”.
Dijo que en el actual Gobierno hay “altos niveles de corrupción” y citó como prueba, las denuncias de irregularidades en el programa Supérate, que dirige la exdiputada Gloria Reyes.
Precisó que en su condición de senador por la provincia Elías Piña, en el periodo legislativo pasado, sometió una resolución para que Gloria Reyes explicara sobre la situación de que “se robaban la data y de que vendían las tarjetas en los colmados”.
Refirió que también hizo la solicitud de que el anterior ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ofreciera explicaciones sobre la alegada compra de carbón a precios sobrevaluados para la operación de la planta de Punta Catalina, instalada en el municipio de Baní, en la provincia Peravia.