- Martes, 7 de Enero, 2025
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SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) subrayó la importancia de que el Poder Legislativo y los sectores sociales coordinen esfuerzos para lograr la aprobación del nuevo Código Penal, proyecto que tiene décadas en el Congreso y cuyo conocimiento quedó pendiente en 2024.
FINJUS destacó que la reforma del Código Penal es una tarea esencial para fortalecer el sistema de justicia y adecuar la legislación penal a las necesidades de la sociedad actual.
En su análisis al 2024 y los retos que persisten para este nuevo año, FINJUS señaló que la actualización del marco normativo permitiría enfrentar de manera más efectiva los desafíos delictivos contemporáneos y dotaría al sistema de justicia de herramientas claras y coherentes para aplicar la política criminal de forma eficiente y justa. Según la fundación, este proceso debe realizarse bajo un enfoque participativo que garantice el respeto a los derechos fundamentales y la estabilidad jurídica del país.
Asimismo, FINJUS resaltó la necesidad de que el proyecto de Código Penal sea analizado en conjunto con la normativa procesal penal y otras leyes especiales, para evitar contradicciones que puedan surgir tras su promulgación. La organización abogó por un diálogo amplio que asegure un equilibrio entre justicia, derechos individuales y seguridad, y exhortó al Estado a asumir su responsabilidad en el desarrollo de políticas que respondan a las demandas sociales actuales y contribuyan al fortalecimiento institucional y democrático.
Subraya la urgencia de fortalecer la institucionalidad y la justicia
FINJUS ha reafirmado su compromiso con el fortalecimiento del orden democrático en la República Dominicana, destacando la importancia de realizar un balance de los logros y desafíos del 2024 y avizorar los retos del 2025.
En su análisis, FINJUS señaló que la consolidación de la democracia exige instituciones fuertes, dotadas de independencia y legalidad, para garantizar los derechos fundamentales y gestionar eficazmente los procesos judiciales que resuelvan la conflictividad social.
“Es imprescindible adoptar un marco institucional sólido que permita responder a las exigencias actuales, ajustándose a los cambios que demanda el presente,” enfatizó la fundación.
FINJUS reconoció que el país cerró el 2024 con importantes avances, como el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media. Sin embargo, señaló tareas pendientes, como el fortalecimiento institucional, la transparencia en el gasto público, y la mejora de los sistemas de educación, salud y seguridad social.
De cara al 2025, la fundación hizo un llamado a coordinar una agenda participativa que aborde áreas críticas, incluyendo:
Reformas fiscales y gestión de deuda: Reducir el déficit fiscal y cuasi fiscal mediante ajustes en la fiscalidad del Estado, con énfasis en un uso más eficiente de los recursos públicos.
Políticas sectoriales: Consolidar avances en educación, salud, y seguridad social como ejes centrales para el bienestar ciudadano.
Modernización institucional: Continuar fortaleciendo la institucionalidad para garantizar la estabilidad política y la paz social.
Llamó a los sectores sociales y estatales para trabajar juntos en la construcción de un país más transparente y competitivo, capaz de enfrentar los desafíos de un mundo globalizado.
De acuerdo a FINJUS, el sistema penitenciario de República Dominicana enfrenta serias deficiencias que afectan su capacidad para cumplir con su doble objetivo: garantizar el cumplimiento de las penas y promover la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Según sostuvo, estas carencias van desde la falta de condiciones dignas en los recintos hasta la ausencia de programas efectivos de rehabilitación, lo que socava los principios democráticos y los derechos fundamentales. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de transformar profundamente las políticas penitenciarias, incorporando modelos humanizantes y sustentables que sean coherentes con la Constitución y los principios democráticos.
La Fundación enfatiza que cualquier reforma al sistema penitenciario debe ser integral y no meramente cosmética. Esto implica diseñar programas interdisciplinarios que prioricen la educación, la salud y la vida digna en los centros penitenciarios, cumpliendo con los estándares legales y constitucionales. En este sentido, FINJUS ha reiterado la importancia de una colaboración efectiva entre el Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones y otros actores sociales, para crear un sistema que promueva la reinserción social y garantice la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
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Por otro lado, FINJUS reconoce los esfuerzos realizados en el ámbito de la Defensa Pública, destacando el desempeño de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en la atención a miles de personas de escasos recursos. Con la incorporación de nuevos defensores públicos en 2025, se espera fortalecer este servicio y reducir el déficit en la administración de justicia, contribuyendo al acceso equitativo y eficiente a la defensa legal para las personas en situación de vulnerabilidad. Este avance demuestra que, con un enfoque proactivo y colaborativo, es posible mejorar significativamente aspectos clave del sistema penitenciario.
FINJUS resaltó, además, los retos que enfrenta el Ministerio Público para consolidarse como un ente eficaz en la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra la impunidad en República Dominicana. Aunque la institución ha ganado la confianza de la ciudadanía, especialmente por su labor en casos de corrupción y en la persecución de delitos complejos, FINJUS advirtió sobre limitaciones estructurales que afectan su desempeño.
Entre estos desafíos, señaló la insuficiencia de recursos, el aumento de la carga laboral debido a la mora judicial, y los riesgos a los que están expuestos los miembros del Ministerio Público por la falta de condiciones de seguridad adecuadas.
Según FINJUS, para 2025 será fundamental reforzar las condiciones económicas, logísticas y de seguridad de los fiscales, así como implementar un sistema de evaluación de desempeño que garantice procesos meritocráticos en los movimientos y ascensos internos. “Es prioritario que se cumpla con los principios establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, asegurando una política de persecución penal eficiente y transparente, alineada con las exigencias de la sociedad”, destacó la entidad. FINJUS también subrayó la necesidad de modernizar las fiscalías y cortes especializadas para mejorar su capacidad de respuesta ante las demandas sociales.
Asimismo, destacó los retos que enfrenta el Poder Judicial en 2025, a pesar de los avances obtenidos en la reducción de la mora judicial. Aunque más del 60% de los tribunales de primera instancia han avanzado significativamente, persisten desafíos en la mejora de la carrera judicial y la implementación de un sistema de justicia más eficiente.
FINJUS subrayó que el fortalecimiento de la carrera judicial debe ser prioritario, mejorando las condiciones laborales de los jueces para garantizar su independencia y estabilidad en el cargo. En este sentido, la institución considera fundamental seguir trabajando en el escalafón judicial basado en criterios de mérito, especialización y capacidad, apegado a principios de imparcialidad y rendición de cuentas.
Además, advirtió sobre la necesidad de avanzar hacia la digitalización del sistema judicial, un aspecto clave para agilizar los procesos y reducir la burocracia. En 2025, el Poder Judicial deberá adoptar herramientas digitales que optimicen su funcionamiento, especialmente en los distritos judiciales más poblados del país. La implementación de tecnologías permitiría también la mejora en la coordinación interinstitucional, agilizando el conocimiento de los casos penales y reduciendo los reenvíos, lo que mejoraría la eficiencia y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Elecciones del 2024
Uno de los eventos más significativos de 2024, según sostuvo, fueron las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, que se valoraron muy positivamente. Estos comicios representan uno de los pilares fundamentales del régimen democrático dominicano y son clave para el fortalecimiento institucional del país.
Indicó que esas elecciones generaron altas expectativas tanto a nivel nacional como internacional, dado que la estabilidad económica y social del país está directamente vinculada a la existencia de un marco legal robusto que garantice la transparencia en el proceso electoral, el acceso de la ciudadanía a los derechos establecidos y el cumplimiento de las leyes.
En este contexto, sostuvo que las elecciones de 2024 estuvieron respaldadas por nuevas leyes que mejoraron el régimen electoral, así como por una Junta Central Electoral (JCE) que mantuvo su compromiso con la transparencia, profesionalismo y el apego a las leyes. Esto permitió que el proceso electoral se llevara a cabo de manera confiable y sin mayores incidentes, lo que refuerza la confianza del pueblo en las instituciones democráticas. A su vez, al final de 2024, el Tribunal Superior Electoral (TSE) también mostró un rendimiento eficiente, sin mora judicial, y resolviendo de manera oportuna los casos contenciosos electorales.
Control de constitucionalidad
Añadió que en el ámbito de la justicia constitucional, 2024 fue un año marcado por decisiones clave del Tribunal Constitucional que subrayaron la importancia de la supremacía constitucional en el ordenamiento jurídico del país. Puso como un ejemplo significativo fue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley núm. 10-15, que modificaba el Código Procesal Penal, debido a la violación del principio de deliberación conjunta en su aprobación.
Indicó que a través de estas decisiones, el Tribunal Constitucional reafirmó su papel como garante de los derechos fundamentales y la estabilidad del Estado Social y Democrático de Derecho. Además, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 291 del Código Procesal Penal, que afectaba el proceso de entrega de información por parte del Ministerio Público, fue otro paso importante hacia la equidad en el sistema de justicia.
Reforma de normativas fundamentales
FINJUS subrayó que a lo largo de 2024, se destacó la necesidad de reformas en varias normativas clave, comenzando con la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que ha demostrado ser ineficaz para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En este sentido, reiteró la importancia de reformar la Ley 340-06 para mejorar la gestión de los recursos públicos y consolidar la cultura de la transparencia en el sector público. El 2025 se presenta como una oportunidad crucial para avanzar en la modificación de esta ley y poner en marcha el Proyecto de Ley pendiente, con el objetivo de optimizar el sistema de compras y contrataciones, evitando la burocracia y promoviendo una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Asimismo, otro aspecto relevante, según dijo, fue la reforma de la Ley No.137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que representó un avance significativo en la protección de las víctimas de estos delitos. Esta modificación otorga especial atención al consentimiento de las víctimas y establece un enfoque más riguroso en la persecución de los responsables. FINJUS celebró este avance y subrayó la necesidad de que en 2025 se continúen fortaleciendo los mecanismos para enfrentar el tráfico de personas y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
Reforma de la Policía Nacional
De acuerdo al documento de FINJUS, la reforma de la Policía Nacional fue otro de los aspectos destacados de 2024, ya que se observó un avance en la mejora de la seguridad ciudadana y en la profesionalización de la fuerza policial. Los programas de capacitación y modernización de la Policía, junto con las mejoras en las condiciones laborales de los agentes, fueron fundamentales para este progreso.
Sin embargo, indicó que aún persisten retos significativos, como la necesidad de implementar mecanismos de prevención más eficaces y reducir los intercambios de disparos entre la policía y los ciudadanos.
En este sentido, manifestó que el 2025 debe ser el año en que se fortalezcan los esfuerzos para mejorar la relación entre la Policía y la comunidad, garantizando una mayor seguridad y reduciendo las situaciones de violencia. Además, es esencial que los operadores de justicia desempeñen un papel más activo en la investigación de estos incidentes, con el fin de asegurar la estabilidad y el bienestar de las comunidades.
