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Santo Domingo, RD.- A sólo tres días para la toma de posesión, ya sea que el presidente Nicolás Maduro continúe en el cargo por otros seis años o el líder opositor Edmundo González Urrutia sea juramentado como mandatario electo, en ese país han resurgido las presiones y los cuestionamientos contra el régimen chavista.
El ambiente adverso a Maduro y su régimen se intensifica cuando González Urrutia se ha movilizado por Argentina, Uruguay y Estados Unidos en gestión de apoyo, en una gira que proyecta concluir con su retorno a Venezuela, después de una reunión con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, programada para este jueves.
El presidente de Estados Unidos, Joe Bien, aseguró en un encuentro con el líder opositor venezolano que en ese país hay que honrar la voluntad popular expresada en los comicios del 28 de julio de 2024.
De acuerdo a la oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado, el 62 por ciento de los más de 12 millones de venezolanos que acudieron a las urnas emitió su voto contra la reelección de Nicolás Maduro.
Pero Maduro fue declarado como el ganador con el 51 por ciento de los votos por el Consejo Nacional Electoral y ese veredicto fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, organismos bajo control del régimen chavista.
En un reciente informe titulado: “Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que Maduro carece de legitimidad para detentar el poder a partir el viernes, día previsto por la Constitución para la toma de posesión.
Esta agencia de las Naciones Unidas considera en el documento divulgado este marte, que los comicios de julio estuvieron marcados por una estrategia represiva de Maduro y su régimen.
Se acusa a las actuales autoridades venezolanas del objetivo de perpetuarse en el poder a través de prácticas que alteraron gravemente el orden constitucional y vulneraron los derechos humanos.
En el informe se indica que “el Estado obstaculizó la participación política utilizando el control de instituciones clave, como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia”.
El Gobierno venezolano es acusado por la Comisión de los Derechos Humanos de cometer detenciones arbitrarias de opositores, inhabilitación de líderes políticos y amenazas dirigidas a defensores de derechos humanos.
“La represión incluyó 25 muertes, más de 2,000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas”, se señala en el informe.
