Comisión Interamericana de DDHH concluye reelección de Maduro carece de legitimidad democrática

REDACCION INTERNACIONAL. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes un contundente informe donde señala que la reelección de Nicolás Maduro, quien planea asumir su tercer mandato presidencial el viernes 10 de enero, “no goza de legitimidad democrática”, en medio de una creciente crisis política en Venezuela.

El informe de la CIDH, reportado por el diario El País, documenta graves violaciones a los derechos humanos durante y después del proceso electoral.

“La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, señala el documento, que detalla una serie de violaciones incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.

La CIDH, un organismo de la Organización de Estado Amerícenos (OEA), concluyó que el régimen venezolano “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”.

Anticipándose a posibles irregularidades, el informe recuerda que la oposición logró recopilar más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional. Según estas actas, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos.

Por el contrario, casi seis meses después de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado los resultados oficiales, manteniendo su página web fuera de servicio bajo el alegato de un supuesto ataque informático.

Esto llevó a “proclamar ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”, según el documento citado por El País.

La tensión política se ha intensificado en los últimos días. González, quien se encuentra actualmente en Washington tras reunirse con el presidente Joe Biden, expresó su intención de regresar a Venezuela para defender los resultados que lo dan como ganador. El candidato opositor se exilió en España en septiembre debido a continuas amenazas de encarcelamiento.

La CIDH es categórica al señalar que “la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”.

Esto facilitó “el establecimiento de un régimen de facto”, agregó, advirtiendo que las circunstancias que rodearon la elección “implican una alteración grave del orden constitucional”.

La situación ha provocado una ola de protestas. María Corina Machado, líder opositora que se mantiene en la clandestinidad, ha convocado a manifestaciones para el 9 de enero, un día antes de la programada toma de posesión de Maduro. En respuesta, el régimen ha incrementado la presencia militar y policial en las calles.

El ministro del Interior y número 2 del régimen, Diosdado Cabello, informó ayer que más de 125 ciudadanos extranjeros permanecen detenidos por supuesta participación en “planes de desestabilización”. Aunque el gobierno ha liberado a cientos de los más de 2,000 presos políticos detenidos desde el 28 de julio, incluidos menores de edad, las detenciones y la persecución continúan, según el informe.

Las conclusiones de la CIDH se suman a las preocupaciones expresadas por el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, quienes actuaron como observadores electorales y determinaron que las elecciones no cumplieron con estándares democráticos.

La CIDH pidió formalmente autorización para visitar Venezuela y verificar la situación, instando a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia”.

Mientras, el Gobierno de Gabriel Boric denunció que en los últimos meses “la falta de apertura” del chavismo ha ido en aumento, Maduro se ha mantenido en el poder en Venezuela por más de una década aprovechándose de las fuerzas de seguridad para consolidar su control político.

La oposición de Venezuela reafirmó su compromiso de superar el “miedo” y frustrar los planes del dictador Nicolás Maduro de asumir un tercer mandato de seis años esta semana. En un contexto de creciente tensión política, líderes opositores renovaron llamados a movilizaciones masivas y buscaron apoyo internacional, incluyendo una reunión en la Casa Blanca con el presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Maduro, de 62 años, se ha mantenido el poder en Venezuela por más de una década aprovechándose de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares y el ejército para consolidar su control político.

Maduro pretende juramentarse el próximo viernes nuevamente, en medio de denuncias de fraude electoral y sin haber mostrado aún las pruebas de su supuesta victoria. Por su parte el ahora exiliado candidato opositor Edmundo González Urrutia, es reconocido por varios países democráticos del mundo como el presidente electo de Venezuela tras haber publicado las actas oficiales que constatan su triunfo en las elecciones de julio de forma abrumadora.

Edmundo González Urrutia, un ex diplomático de 75 años, se reunió el lunes con Biden en Washington para buscar respaldo frente al gobierno de Maduro. Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, ambos líderes coincidieron en que el resultado electoral debe ser respetado y abogaron por una "transición pacífica de retorno al gobierno democrático“.

Este próximo viernes asumirá el nuevo presidente en un marco de profunda crisis tras el fraude electoral que cometió el chavismo el pasado 28 de julio presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia; y el dictador, Nicolás Maduro.

Protestas masivas, detenciones multitudinarias, críticas de la comunidad internacional, ruptura de relaciones diplomáticas o el exilio del presidente electo, Edmundo González Urrutia, son tan solo una pequeña muestra de lo que ha vivido Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron paso a la mayor crisis del último lustro en el país.

Chile concluyó la misión de su embajador en Venezuela ante la falta de avances para resolver denuncia “fraude electoral”.

El Gobierno de Chile puso fin a la misión de su teórico embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, ante la falta de avances para resolver el “fraude electoral” cometido por Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio y a tres días de que se inicie teóricamente un nuevo mandato presidencial en Venezuela.

El dictador Nicolás Maduro ya había ordenado el año pasado la expulsión del embajador, pero la parte chilena "ha decidido poner término a la misión“, en un simbólico pronunciamiento del Ministerio de Exteriores que deja a Chile sin representante hasta nuevo aviso.

“Esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el Presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen”, reza la nota.

El Gobierno de Gabriel Boric ha denunciado que en los últimos meses "la falta de apertura" del chavismo ha ido en aumento y “ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo.” A futuro, "Chile espera que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y de la promoción y protección de los Derechos Humanos," valores que hoy considera “ausentes”.