Santiago, RD.- La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) expresó su total respaldo a la posición adoptada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respecto al Proyecto de Modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), recientemente aprobado por el Senado de la República Dominicana.
AIREN comparte la preocupación de la AIRD sobre la modificación de la ley, que, según se ha señalado, fue realizada sin el debido proceso de consulta con los actores clave del sector, lo que podría afectar la efectividad de la normativa y su implementación.
La asociación señala que la falta de un diálogo amplio y participativo en este proceso legislativo es motivo de inquietud, ya que la colaboración de todos los sectores es esencial para alcanzar un marco normativo balanceado y justo.
De igual forma, AIREN considera como desproporcionado el incremento de las contribuciones especiales que deben pagar las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que se verían afectadas por aumentos, que oscilan entre el 140% y el 3,750%.
Entiende que esta medida podría tener un impacto negativo en la competitividad y sostenibilidad de muchas empresas del sector industrial y otros sectores productivos.
Luis José Bonilla Bojos, presidente de AIREN, expresó que la modificación de la Ley de Residuos Sólidos debe ser un proceso participativo que involucre a todos los sectores implicados.
“En AIREN creemos firmemente que una legislación bien fundamentada debe basarse en el diálogo y la colaboración entre el gobierno, las empresas y las organizaciones que tienen un papel fundamental en la gestión de residuos. La falta de consulta no solo afecta a las industrias, sino que puede poner en riesgo el éxito de una política ambiental sostenible para el país.”, Aseguró Bonilla Bojos.
AIREN insta a las autoridades a fomentar un proceso de consulta más inclusivo, que permita a todos los sectores involucrados aportar sus conocimientos y experiencias para lograr una ley que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía nacional.
