Santo Domingo.- El Congreso Nacional, compuesto por una mayoría aplastante del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, ha estado generando controversias y malestar en la población con los últimos proyectos, lo que de alguna manera está provocando descontento contra el Gobierno y el presidente de la República, Luis Abinader.
Algunos de los proyectos cuestionados han llegado al Congreso desde el mismo Palacio Nacional y otros, aunque presentado por congresistas, se consideran “estimulados o sugeridos” por el Poder Ejecutivo, dado el interés que se ha planteado en los temas que estarían regulando.
De los proyectos en discusión que más ruidos ha estado generando en la sociedad está el de la Reforma Laboral o modificación del Código de Trabajo (Ley 16-92), que sometió el Poder Ejecutivo como una garantía de un consenso tripartito que provocaría una “revolución” a la legislación laboral de la República Dominicana, pero desde mediado de octubre la pieza está empantanada y la causa es la Cesantía, derechos de los trabajadores que lo compensan de un despido unilateral del patrón, sin justificación.
Tres meses en el Senado solo han servido para que los mismos sectores que se habrían puesto de acuerdo en la reforma, ahora se hayan distanciado, en especial los empleadores y los trabajadores, con una radicalización que amenaza con hacer sucumbir el proyecto, que ha sido calificado de moderno y adecuado a los tiempos.
Otro proyecto que parecía bondadoso y que procuraría proteger el medioambiente y los recursos hídricos, así como generar recursos a los gobiernos locales es el que busca modificar la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana 225-20.
El senado quiso dar un “palo asechao”, como consideran algunos, declarando de urgencia y aprobando el proyecto de reforma del senador aliado del oficialismo, Ramón Rogelio Genao, representante por La Vega.
Por suerte para contener la lluvia de críticas, en la Cámara de Diputados ya ha dejado saber que será estudiando, como no se hizo en el Senado y lo modificarían después de 4escuchar a los sectores que debieron consultarse.
Con este proyecto del legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el Congreso Nacional vuelve a enervar los ánimos de los empresarios e industriales con el Gobierno y el PRM porque entienden que lo que se está haciendo es colocar impuestos a los sectores productivos, que no se pudieron materializar en la abortada reforma fiscal.
Pero estos proyectos no hacen más que aumentar el caudal de las críticas y disgustos con el partido oficial y con el Gobierno, que se han ido acumulando desde que la mayoría en ambas cámaras le fue otorgada por la población en las elecciones de mayo de 2024.
La Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), ha sido uno de los proyectos que más descontentos ha generado contra el Gobierno debido a que, entre otros temas, se entiende que vulnera derechos consagrados Constitución.
Después de abrir la compuerta de la mayoría y aprobarla, el Poder Ejecutivo ha dado un “reculón” y ha estado consensuado una modificación, que ahora es de obligatoriedad porque el Tribunal Constitucional declaró varios artículos inconstitucionales.
Aquí los medios de comunicación, los periodistas, comunicadores, juristas y los partidos políticos de oposición jugaron un papel de principalía, que quiérase o no, ha lacerado la popularidad y la confianza en el propio presidente Luis Abinader.
Aunque finalmente logró llevar el barco a puerto, como se afirma para reconocer que se evitó una calamidad, la reforma a la Constitución fue otro proyecto que el mismo presidente Abinader impulsó, en sus afanes de reformar todo y que generaron controversias, apoyos y rechazos, aunque se terminó aprobando, no sin antes hacer algunas reconsideraciones a lo que se planteó originalmente.
La reforma fiscal presentada por el ejecutivo al Congreso Nacional se retiró a tiempo y el propio gobernante admitió que se hizo por el rechazo generalizado que estaba provocando en todos los sectores de la nación.
Todavía quedan muchos proyectos del “paquete de reformas” pendientes, como el Código de Agua que el Poder Ejecutivo parece ha decido enfriar a la espera de vientos a favor, que por el inicio que ha presentado el segundo mandato de Gobierno, parece se complican.
