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SANTO DOMINGO.-Las negociaciones para el reasentamiento de comunidades afectadas por la actividad minera en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, continuarán este miércoles 15 de enero, según se acordó en la primera reunión de diálogo realizada este lunes en el Arzobispado de La Vega.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó el encuentro junto al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el obispo de La Vega, Carlos Morel Diplán, quienes destacaron la importancia de este proceso para alcanzar soluciones consensuadas que beneficien tanto a las familias afectadas como al desarrollo sostenible de la región.
El diálogo, que también contó con la participación de la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y representantes de las comunidades, avanzó con el anuncio de una comisión mediadora integrada por el Gobierno, la empresa minera y las comunidades. La Iglesia y el Defensor del Pueblo actuarán como garantes éticos y constitucionales en este proceso.
Pablo Ulloa, en su rol de Defensor del Pueblo, asumirá la vocería oficial de las negociaciones. Por su parte, el ministro Joel Santos reafirmó el compromiso del Gobierno de buscar soluciones justas que generen tranquilidad a las comunidades y permitan la continuidad de las operaciones mineras en la zona.
“Debemos garantizar que este proceso aborde todas las preocupaciones de manera adecuada, priorizando el bienestar de las familias y el desarrollo del país”, declaró Santos.
El obispo Carlos Morel Diplán calificó el diálogo como un «signo de esperanza» y resaltó la importancia de trabajar juntos para alcanzar acuerdos constructivos que beneficien a todas las partes involucradas.
Los representantes de las comunidades reiteraron su disposición de continuar el diálogo y mantener abiertas las vías de comunicación para llegar a una solución integral en las próximas dos semanas.
La segunda sesión del diálogo se llevará a cabo el próximo miércoles en el Obispado de La Vega, donde se espera avanzar en los acuerdos y establecer compromisos concretos para el reasentamiento de las comunidades afectadas por los trabajos mineros.
