El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 devastó las frágiles viviendas e infraestructuras de Haití, causando la muerte de unos doscientos cincuenta mil haitianos. Ciento dos miembros de las fuerzas de paz de la ONU también murieron cuando su cuartel general en Puerto Príncipe implosionó y se desmoronó al ser aplastado por las ondas expansivas.
Ahora, todos estos años después, otro contingente de mantenimiento de la paz, dirigido por 400 policías kenianos, está de vuelta en Haití. Sin embargo, aunque su presencia de seguridad es bienvenida, es una lágrima en la vorágine de caos y desorden que asola a la nación más pobre del hemisferio occidental. Las infames bandas callejeras, que han formado una insidiosa alianza, controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores. Francia y Estados Unidos aportan fondos y equipamiento, pero no policía ni tropas para detener o frenar una oleada de crímenes y asesinatos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informa que el año pasado fueron asesinadas 5.600 personas, 2.200 resultaron heridas, 1.500 fueron secuestradas y miles huyeron de la violencia. En el último año, la vecina República Dominicana expulsó a más de 200.000 migrantes haitianos y está construyendo una valla fronteriza para dividir la isla de La Española, que supuestamente comparten ambas naciones.
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La situación se sumió en el caos y la anarquía tras el asesinato del 43º presidente de Haití, Jovenal Moise, el 7 de julio de 2021, a manos de un grupo de 28 mercenarios, en su mayoría colombianos.
Pocas naciones, si es que hay alguna, han sufrido tan gravemente, durante un periodo de tiempo tan sostenido, de décadas.
Sin embargo, aún hoy, en el primer mes de 2025, la comunidad internacional se muestra descarnada, inexplicable y mayoritariamente indiferente, a pesar de que Haití se tambalea en el precipicio de la desesperación, muriendo día a día, por grados agonizantes.
