
La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), ingeniera Annerys Meléndez, ha declarado que, a pesar de las promesas del Banco Central de reducir las tasas de interés, los desarrolladores y adquirientes de viviendas aún no han visto reflejados estos cambios en el mercado. Meléndez calificó como positivas las medidas adoptadas por la entidad, pero enfatizó que la reducción esperada no se ha materializado.
El subsector vivienda representa el 80% de la construcción privada en el país, un sector que enfrenta desafíos significativos debido a la caída en la inversión pública en los últimos años. Meléndez instó a un mayor dinamismo en la construcción gubernamental para revitalizar el sector.
Además, la presidenta de ACOPROVI destacó que los costos en la construcción están aumentando debido a las constantes alzas en los precios del acero y el cemento. En el último año, el acero incrementó un 9% y el cemento un 4%, lo que impacta directamente en el costo total de las viviendas y dificulta el acceso a ellas para los ciudadanos.
"Es crucial ser cautelosos al trasladar estos aumentos a los precios finales, ya que esto podría crear un círculo vicioso que haga las viviendas inasequibles", advirtió Meléndez.
Por otro lado, Meléndez reconoció que las estafas inmobiliarias han comenzado a afectar las ventas en el sector. Sin embargo, aclaró que estas situaciones no representan la realidad del sector formal. Según estadísticas recientes, aunque hay más de 40,400 viviendas en oferta en Gran Santo Domingo, las estafas denunciadas son mínimas comparadas con el total.
"Es doloroso ver casos de estafa, pero no son representativos del trabajo de los promotores tradicionales. Debemos ser conscientes de que estas situaciones no reflejan la realidad del sector", concluyó Meléndez.
Al sector de la construcción le han afectado las repatriaciones desorganizadas que hacen las autoridades, pese a que cumplen con el porcentaje de 80/20 que exige la ley en cuanto a la contratación de mano de obra extranjera, explicó la presidenta de ACOPROVI, Annerys Meléndez.
Las políticas de repatriaciones que ha habido en los últimos meses nos han afectado porque si se hace de manera desorganizada, sin prever que existe una mano de obra que se necesita y que está trabajando y podría estar legal porque cumple con el 80/20, se desorganiza y se afecta el sector”, advirtió la dirigente empresarial del sector construcción.
Meléndez dijo que si se toma la cantidad de empleos formales que genera el sector, cuya cifra asciende a los 435 mil trabajadores, y se aplica el 20%, por lo que establece la ley del 80/20, esto implica que necesitan 87 mil permisos de trabajo para los obreros haitianos que laboran en esa industria.
“Deberíamos tener al menos 87 mil permisos de trabajo para extranjeros en el sector construcción, y para eso debemos flexibilizar o al menos actualizar hasta lo posible los requisitos para obtener esos permisos”, sugirió.
Aclaró que “el extranjero está aquí; no podemos hacernos de la vista gorda con eso. No podemos decir que se vayan a su país para luego volver y sacar su permiso”.
Insistió en que el sector que representa cumple con el 80/20 establecido por la ley y, según ella, el mito está en qué área se mide: “Cuando estamos hablando de terminaciones hay muchos dominicanos; pero en labores rudimentarias iniciales como excavaciones o demoliciones, los dominicanos no quieren hacer esas labores. Esto no sucede solo aquí; es común en otros países también. En construcción son los inmigrantes quienes asumen esos trabajos”.
Criticó que gran parte de los operativos contra inmigración realizados por las autoridades se llevan a cabo en proyectos constructivos, en vez de enfocarse en aquellos individuos que no están insertados en labores productivas.
En otro orden, la presidenta de ACOPROVI atribuyó los derrumbes ocurridos en algunas construcciones a personas sin formación adecuada para realizar este tipo de trabajo y pidió a las autoridades sancionar a quienes practican sin suficiente experticia.
Respecto al bono para vivienda de bajo costo, Meléndez apoyó su entrega y administración por parte del Ministerio de Vivienda ya que actualmente es gestionado por la Dirección General de Impuestos Internos cuya tarea principal es recaudar dinero.