Estudio revela irregularidades en aplicación de pensiones a los servidores públicos en RD

Santo Domingo RD–El sistema de reparto de pensiones del país estaría viciado por irregularidades en la aplicación del límite máximo y la distribución de los montos a los cotizantes que tienen derecho a una pensión por un monto superior a los 80 mil pesos.

Así lo reveló un estudio realizado y presentado por el Movimiento de Pensiones de los Servicios Públicos.

Quienes en República Dominicana tendría derecho a una pensión que supera los 80 mil pesos no reciben el monto correspondiente debido algunas irregularidades en la aplicación del monto máximo y el cálculo.

Los datos están contenidos entre los hallazgo del estudio realizado por el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos que incluye entre sus principales hallazgos la forma incorrecta en que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones calcula el límite máximo de pensión, ya que lo hace en base al sueldo mínimo del sector público, que desde el año 2019 sigue siendo de 10 mil pesos en lugar de hacerlo a partir del sueldo mínimo nacional que es de 19,352.50 pesos, lo que ha generado una reducción injusta y significativa en el monto de muchas pensiones.

El estudio destaca que, de realizar el cálculo como establecen las Leyes 379-81, que establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados públicos y 87-01, sobre Seguridad Social, el límite debería ser de 154,820.00 pesos.

Asimismo, el confirma que corregir el cálculo del límite máximo de pensión tendría un impacto fiscal mínimo y manejable, ya que hacerlo de manera correcta incrementaría el monto mensual total de las pensiones civiles en solo un 3.32 %, y el incremento anual en representaría apenas sol 0114 % del total de todos los tipos de pensiones.

En la presentación del estudio, el MOPESEP exhortó al gobierno y a las instituciones responsables de la seguridad social a cumplir con la legislación vigente y a garantizar el derecho de los servidores públicos a una jubilación justa.