Santo Domingo, RD.-. Por presiones de diferentes sectores, principalmente de partidos de oposición, de organizaciones sociales y de los empresarios, el presidente Luis Abinader se ha visto obligado a “dar marcha atrás” a medidas y proyectos que sólo han servido a provocar conflictos y “mucho ruido” a su administración, desde agosto de 2020.
Entre las medidas de mayor resonancia que el mandatario ha dejado sin efecto y retirado del Congreso Nacional se encuentran los proyectos de Modernización Fiscal y sobre la creación del nuevo Departamento Nacional de Investigaciones, dos iniciativas que conciten un rechazo casi generalizado.
Otro proyecto retirado por el Gobierno lo fue el polémico sobre la explotación y tráfico ilícito de migrantes.
El más reciente caso
El Gobierno anunció este martes -4 de marzo de 2024- que fue derogado y dejado sin vigencia el decreto mediante el cual se contemplaba el cobro del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBIS) a los servicios digitales ofrecidos por proveedores desde el extranjero y asumidos en el país.
La medida fue informada por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, después de que diferentes medios de comunicación divulgaran que el Gobierno aplicará un impuesto a las plataformas digitales, con vigencia a partir de julio venidero.
“El decreto será derogado”, fue la reacción del funcionario, ante las reacciones generadas por el decreto, en el que también fue anunciado el contenido del reglamento para su aplicación,-
El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial con el número 11186, tras ser emitido el pasado 25 de enero. Fue colgado en la página digital de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
La disposición de Abinader afectaría los servicios de streaming de video y música (Netflix, Spotify, Disney+, etc.), la publicidad en línea y servicios de redes sociales (Facebook Ads, Google Ads), plataformas de intermediación como Uber, Airbnb y similares, servicios de almacenamiento en la nube y software como servicio (SaaS) y la venta de productos digitales como libros electrónicos, cursos en línea y videojuegos.
En el decreto se establecía que las plataformas digitales serán registrarse en la Dirección General de Impuestos Internos dentro de un plazo de 90 días para obtener un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), declarar y pagar el ITBIS mensualmente a través de una plataforma virtual habilitada por la DGII, facilitar información sobre sus operaciones en territorio dominicano cuando sea requerida por las autoridades fiscales, permitir que la DGII realice auditorías y verifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las empresas que no cumplan con la normativa estarán sujetas a sanciones establecidas en el Código Tributario dominicano y otras leyes aplicables.
Otros casos desde 2020
La primera medida que el presidente Abinader se vio presionado a retirar del Congreso fue el proyecto de Presupuesto General, que fue sometido para el primer año de gestión.
Ese proyecto de presupuesto fue retirado de las cámaras legislativas el 9 de octubre de 2020, tan solo 48 horas después de su consideración para su discusión y posterior aprobación. Esta iniciativa generó un amplio rechazo, ya que el Gobierno contemplad una serie de impuestos a diversos servicios.
Dos años después –el 30 de enero de 2022- el presidente Abinader anunció que frenaba en el Congreso el proyecto de fideicomiso de la Termoeléctrica Punta Cana, que opera en Baní, provincia Peravia, y el cual fue enviado al Consejo Económico y Social para conocer y discutir opiniones y sugerencias de diferentes sectores.
El 11 de enero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo, integrado por dos instituciones del Estado, la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).
La finalidad del fideicomiso CTPC era crear una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.
El 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.
También el 29 de junio de 2022, el Poder Ejecutivo tuvo que retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la Ciberseguridad, ya que se advertía que con la iniciativa se limitaría la libertad de expresión.
Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó en ese entonces Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
En febrero de 2023, el país fue enterado de que el Gobierno decidía el retiro del Congreso del proyecto de Explotación y Tráfico de Migrantes.
Ante diferentes críticas, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que Abinader había instruido retirar del Congreso el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo.
El gobierno indicó en ese entonces que el propósito de la medida era “lograr el consenso público necesario”.
En la polémica pieza se establecía en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
También, que podrían gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes y optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que sería fundado en caso de aprobarse el proyecto.
Por un conflicto generado en diferentes sectores del país proveniente de la aprobación de la Ley 1-24, mediante la cual se crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el presidente Abinader tuvo que intervenir y posteriormente enviar a una comisión la discusión y un posible consenso.
En ese entonces, el mandatario se desvinculó del proyecto, con su expresión de que “quien les habla no se involucró en lo más mínimo”, pero aseguró que era un mandato de la Constitución y que –tras integrar una comisión de consenso- entonces esa iniciativa sería modificada, “si hay que modificarla”.
Fue en el año 2024, que el país se levantó contra el proyecto de Modernización Fiscal, que fue presentado por funcionarios del área del Gobierno ante el Congreso Nacional.
Con el proyecto se buscaba, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales y el aumento de ciertos impuestos, en un intento de estabilizar la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado, pero ante la falta de apoyo popular se vio en la necesidad de retroceder.
OTRAS MEDIDAS SIN EFECTO
Una resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal y reajustes salariales que representaran incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública fue dejada sin aplicación por el Gobierno.
En el documento se establecía que el cumplimiento de la norma se realizaría salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameritaran, y que contaran con la debida autorización, tanto del MAP como de la Digepres.
Otra medida revocada por Abinader fue una resolución de la Superintendencia de Electricidad, mediante la cual se las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022. La disposición fue anunciada en la resolución resolución SIE-068-2022-TF.
Por causa de quejas y reclamos, Abinader expresó que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en República Dominicana”.
Mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.
Por un amplio rechazo, nunca fue aplicada la medida de la Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población.
Sobre el retiro de la reforma fiscal en octubre de 2024
El presidente Abinader manifestó que siempre ha sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo, por lo que está procediendo a solicitar el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, de la agenda del Congreso Nacional.
"Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja", expresó el mandatario.
También, agregó: "Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país; y además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que como tú puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad".
Sostuvo que “en el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también los siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual”.
El gobernante expuso que esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que había planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos.
