Santo Domingo, RD. – La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) manifestó este martes su preocupación por las intoxicaciones que afectan a estudiantes, profesores y comunidades cercanas a donde se realizan fumigaciones en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por lo que exigen una solución definitiva ante esta problemática.
“Las intoxicaciones reiteradas demostradas en portadas y reportes de medios de comunicación y la ausencia de medidas concretas por parte de las autoridades, evidencian un incumplimiento de la legislación ambiental, sanitaria y educativa dominicana”, expresó la Comisión a través de una declaración pública.
En ese sentido, indicaron que la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), la Ley General de Salud (42-01) y el marco regulatorio vigente (normas, reglamentos y ordenanzas) "establecen, de manera clara e inequívoca, disposiciones que prohíben realizar fumigaciones irresponsables y sin controles adecuados en áreas cercanas a escuelas y zonas residenciales".
Sostienen que a pesar de que los casos “más notorios y mediáticos” son las intoxicaciones masivas en escuelas, no significa que toda la comunidad se encuentra expuesta de manera continua a los residuos de plaguicidas.
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“Esta exposición puede desencadenar efectos graves sobre la salud de las personas, manifestándose en momentos y formas que a menudo no se relacionan con las fumigaciones. Diversas investigaciones han demostrado que los químicos organoclorados y organofosforados pueden asociarse a patologías como alteraciones neurológicas (por ejemplo, cefaleas crónicas, temblores, problemas de concentración), disrupciones endocrinas (hipotiroidismo, alteraciones del ciclo menstrual), problemas reproductivos (infertilidad, malformaciones congénitas) y hasta ciertos tipos de cáncer, entre otros efectos de largo plazo”, explicaron.
Insistieron que el uso "indiscriminado y continuo" de estos químicos afecta negativamente a las poblaciones de organismos benéficos como abejas, anfibios, lombrices, aves y un sinnúmero de invertebrados esenciales para el control natural de plagas y la polinización.
"Al disminuir o eliminar estos agentes biológicos, los cultivos se vuelven más vulnerables a ataques de plagas, generando un círculo vicioso que obliga al uso de dosis cada vez mayores de pesticidas, sin llegar a controlar eficazmente la problemática. Este desequilibrio ecológico incrementa la dependencia de agroquímicos y sus consecuencias nocivas para la salud pública y el medio ambiente”, señalaron.
Como forma de buscar una solución a esta problemática, la Comisión Ambiental de la UASD exige sanciones administrativas y penales, para que se aplique de la Ley 64-00 y demás normativas relativas al uso de plaguicidas.
Asimismo, piden que sean compensadas las víctimas de intoxicaciones por fumigación y como la “responsabilidad penal para los funcionarios y agentes económicos que ignoren voluntariamente la ley”.
También, recomendaron que sea establecido un comité responsable a través de los ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública Agricultura, Educación y autoridades municipales que garantice realizar inspecciones periódicas y no anunciadas a las empresas fumigadoras y a las zonas donde se llevan a cabo estas actividades.
Además, exigieron que todo el personal involucrado en la aplicación de plaguicidas posea la formación y certificación oficial necesaria, con capacitaciones periódicas sobre buenas prácticas agrícolas y de salud pública.