Santo Domingo, RD.-. Las reacciones de rechazo o de repulsa contra un posible proyecto de reforma fiscal –de parte de sectores empresariales, de partidos y en trabajadores- evidencian una clara de que el Gobierno deberá acuñar el camino del consenso y del diálogo, en caso de verse obligado a un incremento de los ingresos por la vía impositiva.
El rechazo generalizado suscitado en el año pasado contra el proyecto de Modernización de Reforma Fiscal constituyó una manifestación de que esa iniciativa no tuvo el apoyo requerido para que fuera discutida y aprobada en el Congreso Nacional.
Por ese proyecto, el gobierno y el presidente Luis Abinader se vieron envueltos en un callejón sin salida por el alegado efecto negativo que implicaría –en ese entonces y ahora- un cambio brusco en la estructura impositiva, con una mayor carga para la población, cuando es sabido que el Gobierno acumula un déficit fiscal por más de 33 mil millones de pesos entre enero y febrero de este año.
Ante el ruido en contra que generó ese proyecto, el presidente Luis Abinader tuvo que anunciar en octubre de 2024 que lo retiraba de las cámaras legislativas, poco después de que empresarios y otros sectores expresaran su repudio en unas vistas públicas en la Cámara de Diputados.
“Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo doy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja”, fue lo afirmado por Abinader para el retiro del proyecto.
Sin embargo, el mandatario se defendió cuando dijo que había cumplido con su responsabilidad presentando al país un plan integral de cambios estructurales que incluyen la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que, por primera vez en la historia, pone un objetivo de deuda a mediano plazo y un techo al gasto del Gobierno.
Al igual que el escenario presentado el pasado año, hay una manifestación de rechazo a la posibilidad de un intento de reforma fiscal, al margen de un consenso que fue prometido por el presidente Abinader en el seno del Consejo Económico y Social
Un proyecto del diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza para una modificación y eliminación de exenciones fiscales ha venido a desatar acciones adversas en torno a la estructura impositiva, ya que se tocarían sectores productivos y del turismo, que han tenido impacto en el crecimiento de la economía en 2024 por la estimación del 5 por ciento.
El rechazo surgido a raíz del proyecto del diputado –miembro del Partido Reformista Social Cristiano, aliado del Partido Revolucionario Moderno- y también al decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendía imponer el cobro del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios a las plataformas digitales marchan el camino de la imposibilidad de tratar de “imponer” una reforma fiscal al margen del consenso y de las negociaciones que faciliten una aprobación en el Congreso Nacional.
Es evidente que el Gobierno no estaría interesado en cargar con el peso político que implicaría un amplio movimiento de rechazo, con repercusiones negativas en calidad de vida de la población, lo que también podría ser capitalizado por sectores de la oposición de cara al certamen presidencial del año 2028.