- Viernes, 28 de Marzo, 2025
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Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Arlin Ventura Jiménez y conformado por las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, dictó sentencia para los integrantes de una red de trata y explotación de mujeres extranjeras desmantelada en agosto de 2022 durante la operación Cattleya. Los responsables fueron condenados a penas de 20 y 3 años de prisión.
José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Melvin José Valentín Peguero, Óscar Wilcenne, Zafiro Nathaly Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante (alias Alejandro Arturo García Bustamante) y Robert Lee Eleuterio Paniagua, fueron condenados a 20 años de prisión.
Los acusados deberán cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal y también deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
En otro orden, el tribunal declaró culpables de proxenetismo a José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, imponiéndoles una pena de tres años de prisión, además de una multa de RD$50,000 cada uno.
Como parte de las medidas adoptadas, el Tribunal también declaró penalmente responsable al Hotel Óscar Inn Santo Domingo, SRL, debido a su vinculación con la red criminal, y ordenó su disolución inmediata.
En tanto que Oliver Arnaud Lewinsky, conocido como Timothy Willian Case Renee, fue condenado a seis meses de prisión por posesión de marihuana, pero la pena fue suspendida bajo condiciones como residencia fija, la prohibición de portar armas y la obligación de realizar trabajo comunitario.
El tribunal también ordenó indemnizaciones de tres millones de pesos para las víctimas identificadas con las iniciales M.A.P.P. y A.G.S.P., como compensación por los daños y perjuicios sufridos a manos de la red de trata.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que los acusados coordinaban sus acciones delictivas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, donde promocionaban a las víctimas, las ofrecían a terceros y obtenían ganancias ilícitas derivadas de su explotación.
La lectura íntegra de la sentencia está programada para el 24 de abril de 2025, a partir de la cual comenzará el plazo para la presentación de apelaciones.
