Santo Domingo-El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, presentó nuevamente su proyecto de ley que busca otorgar una pensión especial a los hijos menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que los niños, niñas y adolescentes huérfanos por la muerte de sus madres reciban una pensión por ley, brindándoles protección en su situación de vulnerabilidad.
Romero condenó la violencia de género y lamentó los casos de feminicidio, resaltando que los niños y adolescentes quedan en total desamparo tras la muerte de sus progenitoras, convirtiéndose en víctimas indirectas de estos actos de violencia. Aseguró que esta ley será una herramienta de protección para los menores afectados, aludiendo a la necesidad de darles un apoyo legal ante la falta de una figura materna y la exposición al abandono.
“Nosotros sometimos, y hemos venido hablando justamente de esto cada vez que tenemos la oportunidad, tantas veces que ya hasta hemos desistido de pararnos aquí y hablar del anteproyecto e iniciativas, porque realmente, como dicen algunos colegas senadores, se están perdiendo en el camino”, expresó Romero, haciendo referencia a las dificultades que ha enfrentado el proyecto en el Congreso.
El senador también destacó la relevancia del anteproyecto de ley de medidas telemáticas, que busca prevenir que los agresores lleguen a las víctimas y evitar feminicidios, protegiendo así a las mujeres de manera más efectiva. Además, aplaudió la iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader, quien anunció la creación de un programa de pensiones especiales para los niños y adolescentes huérfanos por feminicidio.
En cuanto a las cifras alarmantes de feminicidio en el país, Romero subrayó que cada año cientos de niños y niñas quedan desprotegidos y en situación de extrema vulnerabilidad, lo que agrava aún más el impacto de estos crímenes.
El proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones para su evaluación, y el senador anunció que presentará una modificación a la Ley 12-21 del Régimen Especial de Desarrollo Fronterizo, además de proponer un régimen de incentivos para eliminar algunas de las exenciones fiscales que actualmente reciben las zonas fronterizas.