El primer vehículo de motor llegado a la República Dominicana, fue en 1899, importado por un empresario nombrado José E. Pérez de Castro; la llegada de este vehículo marcó el inicio de la era del transporte motorizado en el país, aunque el uso de automóviles se expandió lentamente en los años posteriores. La introducción del automóvil tuvo un impacto significativo en la movilidad y desarrollo del transporte en la República Dominicana, convirtiéndose de un lujo en una necesidad.
Cómo es de suponer, este intruso dentro de un universo vehicular de tracción animal, era un extraño que circulaba a sus anchas en las estrechas calles de la ciudad colonial, ya que hacia los pueblos del interior solo había vías de comunicación terrestre para animales, siendo 11 años después desde que se produjo la llegada del primer vehículo de motor, que se construyó la primer carretera para interconectar la ciudad de Santo Domingo con San Cristóbal, bajo el mandato presidencial de Mon Cáceres.
El vertiginoso crecimiento vehicular en República Dominicana, suponía un ordenamiento en la capital y los pueblos del país, creándose legislaciones como la Ley 1474 del año 1938 y 675 de 1944 (ambas vigentes); la primera se refiere al “Uso de vía”, y dispone que las carreteras principales del país deben tener un ancho libre de 30 metros desde su eje central hasta el inicio de cualquier propiedad privada, convietiéndose en espacio de dominio público y prohíbiéndose construcciones privadas; y la segunda, sobre “Urbanizaciones y Ornato”, que exige un ancho mínimo de 30 metros de ancho para calles y avenidas en los proyectos de urbanizaciones.
Es inconcebible que el legislador y demás autoridades de 1938, año en que en este país circulaban apenas pocos vehículos de motor, hayan tenido mayor capacidad premonitoria para advertir los grandes desafíos que en materia de transporte hoy afrontamos, y nosotros que tenemos la realidad en nuestras narices, con la que nos estamos asfixiando, no tengamos la visión siquiera para resolver en el presente, mucho menos dejar a las futuras generaciones una ciudad ordenada.
Hoy en 2025, con 10 millones de dominicanos tenemos un parque vehicular de 6,194,052 vehículos de motor, entre los que se encuentran 2,500,000 automóviles, camionetas y jeepetas; y más de 3.5 millones de motocicletas (una densidad de más de un vehículo por cada dos personas). Ello supone una gran congestión vehicular en el Distrito Nacional, un feroz cáncer que ya está haciendo metástasis en los pueblos del interior del país. Se precisa de políticas públicas serias, para que este país no se haga intransitable e inhóspito. Los gobiernos han hecho “pininos” en esa dirección, tal como la Ley 4-07, de enero del año 2007, que prohíbe la importación de vehículos de motor, con más de 5 años de antigüedad; así como la construcción de pasos a desnivel, teleférico y extensión de las líneas del Metro de Santo Domingo, iniciadas por Leonel y continuadas por Danilo y Abinader.
Sin embargo, ello no es suficiente; si no actuamos rápido, se nos irá la situación de las manos (al menos en la ciudad capital). Sugiero como medidas para mejorar el tránsito del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que sea construida la línea 3 del Metro, desde el peaje de la autopista 6 de Noviembre, toda la 27 de Febrero hasta la autopista San Isidro; una línea 4, desde Haina hasta la Zona Colonial, toda la avenida Independencia; una línea 5, desde Los Jardines hasta la línea 4, toda la Luperón; una línea 6, toda la Winston Churchill desde la línea 2 (actual) hasta la línea 4.
Construir 3 grandes terminales de pasajeros; una en las proximidades de la entrada a Los Alcarrizos, autopista Duarte, para las guaguas que vienen de la zona norte; otra en las proximidades del peaje de la 6 de Noviembre para las guaguas que van desde el sur; y otra por Las Américas en las proximidades de la Autopista San Isidro, de manera que se prohíba la entrada a la capital de esos autobuses de pasajeros, y que lleguemos a nuestros destinos a través del Metro, que tendrá líneas para todas las direcciones. Con medidas de este tipo, muchos no tendremos que desplazarnos en vehículos privados desde nuestros pueblos hacia la capital, porque en transporte público tendremos cubiertas nuestras necesidades. Los recursos económicos no suponen un problema, si existe la voluntad política.
