Santo Domingo, RD.-. A pesar de varios decretos emitidos por el presidente Luis Abinader y otros mandatarios a lo largo de trece años para regular el gasto público, como parte de un plan de austeridad en el gasto, esa meta no ha sido cumplida y, por el contrario, se registra un aumento del 113.5 por en el uso del erario en actividades.
Así lo indica el Centro Regional de Economías Estratégicas Sostenibles (CREES) en un análisis titulado “Decretos de austeridad del gasto público en República Dominicana 2012-2025.
En el escrito se hace referencia al más reciente decreto 105-25, emitido el 28 de febrero por el presidente Luis Abinader, con el interés en plantear restricciones en la adquisición de vehículos, la prohibición de la compra de boletos aéreos y de gasto en actividades no esenciales, como celebraciones y agasajo.
En los últimos 13 años, sin embargo, se han emitido al menos 7 decretos, con la misma finalidad de reducir el gasto en las finanzas públicas.
“A pesar de estos esfuerzos, si analizamos la evolución del gasto público durante este periodo, se observa que el gasto pasó de US$11,374 millones en 2012 a US$24,283 millones en 2024, representando un aumento de 113.5%, o 2.13 veces, en 13 años”, indicó el CREES.
Precisó que esa situación evidencia que esas medidas de austeridad de las finanzas públicas no representan un control relevante sobre la expansión cada vez mayor del gasto.
“Es relevante destacar que las medidas adoptadas no han estado dirigidas a los rubros que realmente impactan, por su importancia, a la estructura del gasto público de República Dominicana. En otras palabras, no han sido medidas, en términos de resultados, dirigidas a lograr una reducción o contención del crecimiento del gasto para evitar el crecimiento de los déficits y del endeudamiento”, agregó.
“En consecuencia, resulta de importancia tomar medidas que permitan reducir el gasto en las partidas que impactan, por su relevancia, las finanzas públicas”, manifestó.
El CREES afirmó que el crecimiento del gasto amerita un esfuerzo mayor que la actual ley de responsabilidad fiscal.
“Entre las políticas que podrían adoptarse se encuentra la revisión de la estructura del organigrama estatal, la reducción del gasto de los ministerios en nómina y otros gastos que impactan el presupuesto general del Estado, la transformación de las distribuidoras de electricidad en entidades rentables, y cualesquiera otras medidas destinadas a ahorrar recursos de los contribuyentes y a concentrar esfuerzos de las autoridades en la eficiencia administrativa”, insistió el grupo de economistas.
