La Comisión Especial de la Cámara de Diputados ha presentado un informe en el que se imputan serias irregularidades a Elsa María Catano Ramírez, actual vicepresidenta de la Cámara de Cuentas. Entre las principales acusaciones figuran la alteración de actas, la inclusión de resoluciones sin la aprobación del Pleno y la manipulación de decisiones administrativas, lo que podría representar un grave incumplimiento de la normativa vigente.
Según el documento, Catano Ramírez firmó el acta y la resolución ADM-2022-12 con fechas alteradas, lo que podría vulnerar los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal Dominicano. Además, se le atribuye la inclusión de un artículo en la decisión DEC-X-2023-007 sin que hubiera una votación formal, excluyendo además votos disidentes, lo que constituiría una violación de la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas.
El informe también denuncia la participación de Catano Ramírez en un Pleno irregular, donde se tomaron decisiones relacionadas con nombramientos y revocaciones, sin seguir los procedimientos legales establecidos. Se le acusa de haber delegado funciones del director de Análisis Presupuestario sin contar con atribuciones legales y de haber enviado información clasificada al Congreso Nacional sin la debida autorización.
Adicionalmente, el documento señala que la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas firmó informes dirigidos al Congreso sobre el Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022, sin que se hubieran realizado las auditorías correspondientes. Según la investigación, en 2021 solo se ejecutaron 10 de las 79 auditorías aprobadas, y en 2022 solo se completaron 2 de 88 programadas, lo que representa menos del 2% del Plan Anual de Auditoría (PAA).
El informe de la Comisión Especial también incluye pruebas sustanciales como actas, videos, audios y correos electrónicos institucionales, que refuerzan las acusaciones en contra de Catano Ramírez. Ahora, corresponderá a la Cámara de Diputados decidir si tomará medidas disciplinarias en su contra, en consonancia con las leyes constitucionales, el Código Penal y la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas.
