Santo Domingo. – La procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respondió contundentemente a las declaraciones de la abogada de Gonzalo Castillo, Laura Acosta quien solicitó la anulación de la acusación contra su cliente, argumentando que fue presentada fuera del plazo establecido.
Ortiz rechazó categóricamente esa afirmación, señalando que el Ministerio Público cumplió con todos los plazos legales y calificó la solicitud de la defensa como un intento claro de “evadir el proceso”.
La procuradora también criticó a la abogada Laura Acosta por lo que calificó como un intento de “pataleos” para obstruir el avance del juicio contra Castillo, exministro de Obras Públicas, quien está implicado en el entramado de corrupción destapado por la Operación Calamar, que habría causado un perjuicio al Estado superior a los RD$19 mil millones.
“Si realmente la acusación hubiera sido presentada fuera del plazo, el Cuarto Juzgado de Instrucción no habría sido apoderado del caso, ya que la Coordinación de los Juzgados de Instrucción es la encargada de asegurar que se cumpla con los procedimientos establecidos”, explicó Ortiz, refutando las afirmaciones de la defensa.
La procuradora también enfatizó que el único obstáculo para avanzar en el proceso ha sido la estrategia dilatoria de las defensas.
"Desde el primer día, el Ministerio Público ha estado listo para dar inicio a la audiencia preliminar. Sin embargo, en la última audiencia, la defensa de Gonzalo Castillo presentó un incidente infundado para solicitar la nulidad de la acusación. Este tipo de maniobras solo demuestra el temor de los acusados ante las pruebas sólidas que el Ministerio Público tiene en su contra”, sostuvo Ortiz.
Además, la procuradora puntualizó que el tribunal fue correctamente apoderado del caso, y que la secretaria del tribunal recibió, selló y entregó el expediente siguiendo el procedimiento estipulado.
“El 11 de abril, cuando se reanude la audiencia, el Ministerio Público estará listo para continuar con el proceso”, concluyó.
En el expediente del caso Calamar, el órgano persecutor acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos para financiar la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figuran, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, exministro administrativo de la Presidencia y exministro de Hacienda, respectivamente, así como Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
También se encuentran implicados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
