Santo Domingo, RD.-. Durante el periodo de 1990 y 20024, el gasto corriente de los gobiernos, (para cubrir pagos de nómina, subsidios, contratación de bienes y bienes, además cubrir la deuda del Estado), ha tenido un crecimiento de 4,993 por ciento.
De acuerdo al Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, en esos años el gasto de las autoridades, en términos nominales, pasó de 415.2 millones de dólares a 21,150 millones de dólares.
“Mientras que el gasto de capital, que representa las inversiones del gobierno en obras, equipos e infraestructuras, creció 657 por ciento, pasando de 413 millones de dólares a 3,133.7 millones de dólares en el mismo periodo”, indicó.
Entre 1990 y 2021, el gasto del Gobierno ha crecido más de sus ingresos, mientras los ingresos fiscales aumentaron 2,528 por ciento, es decir 26 veces, pero “el gasto público ha pasado a ser 29 veces mayor”.
“En otras palabras, aunque el país recauda mucho más que antes, gasta aún más, lo que ha generado déficits fiscales persistentes”, dijo.
“Para cubrir esa diferencia, el gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento. Pero el problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta”, agregó el CREES.
Esta situación significa -según el CREES- que una parte de la deuda se ha utilizado para financiar el consumo presente.
“Financiar consumo presente con deuda no es una política acertada desde una perspectiva financiera. En adición, la deuda se traduce en mayores impuestos futuros, limitando la capacidad de los hogares y las empresas para invertir y generar riqueza”, insistió.
Afirmó que este patrón ha llevado a una presión creciente sobre la deuda pública, reduciendo el espacio fiscal disponible para inversiones en infraestructura.
En lugar de aumentar la deuda para sostener el aparato burocrático, se requieren medidas orientadas a reducir, evaluar y mejorar la calidad del gasto público, recomienda la CREES.
“No obstante, la inversión de capital no debe recaer únicamente en el Estado. Es importante que se promueva una mayor participación de inversión privada proveniente de miembros de la sociedad civil, en donde puedan poner en riesgo su capital bajo contratos y licitaciones transparentes. La experiencia en sectores como la educación, la salud pública y el sector eléctrico, evidencian que el control de los servicios públicos por parte del Estado no necesariamente se traduce en una mayor calidad ni en menores costos para los ciudadanos”, afirmó.
El CREES plantea que el objetivo debe ser tener mejores servicios e infraestructura con menor carga fiscal.