Proyecto de Abinader sometido en el Senado eleva hasta 40 años de prisión la sanción por tráfico de indocumentados

Santo Domingo, RD.- Las personas y funcionarios públicos, ya sean civiles o militares, podrían recibir una condena de hasta 40 años de prisión si se involucran en el tráfico de indocumentados.

Así se propone en el proyecto de modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas que sometió el Poder Ejecutivo ante el Senado.

La iniciativa fue entregada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en la tarde de este lunes, como lo anunció el presidente Luis Abinader en un discurso a la nación divulgado este domingo.

En el proyecto se establecen multas de hasta 6 mil salarios contra los implicados en el tráfico de migrantes indocumentados.

Peralta Romero específico que los artículos a modificar son: 2, 5, 6 y 7, a fines de precisar los elementos que constituyen tráfico ilícito de migrantes, así como imponer nuevas penas y adicionar otras circunstancias agravantes del delito, tanto para el actor principal como para el cómplice.

Indicó que la pena al delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría del rango de 10 a 15 años de reclusión y multas no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos al rango de 12 a 20 años de reclusión y multas entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, así como la inhabilitación de los derechos de ciudadanía.

En el caso del uso de armas, muerte de la persona objeto del tráfico y el daño a personas mayores de edad se podrá establecer una pena de hasta 40 años de reclusión y multas de hasta 6 mil salarios mínimos del sector público.

Otros detalles

Peralta Romero indicó que, en el artículo 2, se amplía la definición y y se agregan los elementos constituyentes de tráfico
ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.

Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.

Se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. La omisión será penalizada cuando el daño producido sea equiparable al resultado de una acción directa.

En el artículo 6, se redefine la participación del cómplice en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes.

De igual forma, el artículo 7 incorpora nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas. Estas incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el delito.

También se incrementan las penas cuando concurren estas agravantes, tanto para los autores principales como para sus cómplices.

De ser aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, se producirá un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecerá el marco legal contra este flagelo.

“El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”, explicó el consultor jurídico.

Asimismo, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico, “estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”.

Por su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos. Señaló que el presidente de la República, en su alocución, expresó con claridad que este proyecto de ley debe ser aprobado con carácter de urgencia. “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, expresó.