JCE realiza audiencia pública para conocer el borrador del Reglamento de la Ley 4-23

Santo Domingo. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) llevó a cabo este lunes una audiencia pública a la que asistieron representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil y de entidades del Estado, con el fin de conocer sus consideraciones sobre el borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 107-13.

La audiencia fue presidida por el Pleno de la JCE, compuesto por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Armando Vallejo Santelises; así como por su secretario general, Sonne Beltré.

Jáquez Liranzo dio por concluida la audiencia y anunció que el Pleno evaluará todas las consideraciones enviadas por escrito a través de la Secretaría, así como las escuchadas durante este lunes, para proceder a oficializar dicho Reglamento.

Durante el desarrollo de la audiencia pública, algunos representantes de los diversos sectores presentes hicieron observaciones al borrador del Reglamento de la Ley 4-23.

Organizaciones que han sido notificadas

El secretario general, Sonne Beltré, a petición del Pleno, informó que este borrador fue publicado en la página web de la JCE y que se otorgó un plazo hasta el 28 de marzo a las 4:00 de la tarde para que se realizaran las ponderaciones que consideraran necesarias.

Las instituciones notificadas a través de WhatsApp, correo electrónico y de manera física fueron: partidos, movimientos y agrupaciones políticas; Ministerio de Salud Pública; Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP); Sistema Nacional de Salud; Poder Judicial; Procuraduría de la República; Ministerio de Educación; y Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Supérate, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y Policía, Participación Ciudadana, el Defensor del Pueblo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Pedro Henríquez Ureña, la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), APEC, la Universidad Dominicana O&M, la Universidad del Caribe (UNICARIBE), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Programa Burocracia Cero.

Organizaciones que enviaron sus consideraciones a través de la Secretaría

Las organizaciones que enviaron sus consideraciones a través de la Secretaría fueron: Carlos Carrera Cordón, de UNICEF; Miosotis Rivas Peña, directora general de la ONE; Pablo Ulloa, defensor del Pueblo; los abogados Manuel de Jesús Dandré, Rosibely Charleston y Luis Cirilo; Tácito Perdomo, delegado político del PRSC; Frainier Henriquez Beato, de la Consultoría Jurídica de Supérate; Mario Caray, director de Gestión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quien informó que el borrador enviado al Poder Judicial se compartió con los funcionarios Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Jonathan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial; Rosaura Quiñones, directora de Análisis y Políticas Públicas; César García, secretario general de la SCJ; y Javier Cabreja, coordinador gerente general de Comunicaciones y Asuntos Públicos. También enviaron sus consideraciones Sofía Elisa Ureña, oficial del Estado Civil de la Décima Circunscripción; el Partido Generación de Servidores y el Partido de la Fuerza Nacional Progresista.

Representantes que tomaron la palabra

Durante esta audiencia hicieron uso de la palabra la representante del Defensor del Pueblo, Ana Leticia Martich Mateo, y Mildred Martínez, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).