Santo Domingo, RD.-. Las personas que participen en complicidad en el delito de tráfico de migrantes ilegales podrían ser condenadas a diez y quince años de prisión.
Así se establece en el proyecto de modificación de la Ley sobre Tráfico y Trata de Personas que fue sometida la tarde de este lunes al Senado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta será presentada ante los senadores en la sesión de este martes, convocada para las dos de la tarde, y enviada a una comisión especial.
En el proyecto se indica que los que participen como cómplices en la comisión de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas se le impondrá la pena de diez a quince años de reclusión y una multa de 350 salarios mínimos del sector público.
También se advierte sobre l suspensión de los derechos de ciudadanía, conforme a la Constitución.
Cuando una persona se involucre en el tráfico de una persona adulta o se cometa tortura y barbarie, la pena podría oscilar entre los diez y 20 años de cárcel, se precisa en el proyecto del presidente Luis Abinader.
Se indica que cuando resulte la muerte de una persona objeto de tráfico de migrantes o víctima de trata de dos o más personas, la pena del cómplice será de 20 años de reclusión.
Pero, cuando resulte la muerte de dos o más personas, la pena será de 30 años de prisión.
“En ambos casos, la pena de reclusión irá acompañada de multa 1,500 a tres mil salarios mínimos del sector público y la suspensión de los derechos de ciudadanía, de conformidad con la Constitución”, se agrega en el documento depositado al Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Sin embargo, se advierte que “cuando a causa de la comisión de los delitos contemplados en la presente ley resulte la muerte de una persona objeto de tráfico ilícito de migrantes o víctima de trata, la pena será de 30 años de reclusión”.
“En cambio, cuando resulte la muerte de dos o más personas, la pena será de 40 años de reclusión. En ambos casos, la pena estará acompañada de la multa de tres mil salarios mínimos del sector público y la suspensión de los derechos de la ciudadanía, de conformidad con la Constitución.
En caso de funcionario
“Al funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del tráfico ilícito de migrantes o de trata de personas se le impondrá además como la pena la suspensión temporal por espacio de cinco años para ejercer cualquier tipo de función pública”, se indica en la iniciativa.
“Y en caso de reincidencia, dará lugar (la suspensión a función pública) a la inhabilitación definitiva”, se advierte.
