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En 2024, fueron asesinados en Colombia 157 líderes sociales y defensores de derechos humanos, once casos menos que en 2023, lo que evidencia que la vida de estos líderes no está garantizada, según un informe de la ONG Somos Defensores publicado este jueves.
«Aunque representa una disminución significativa, esta cifra demuestra una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia y que las vidas de las personas que realizan esta labor siguen desprotegidas», asegura el documento titulado ‘Sin protección’.
La ONG fundamenta su informe en las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh).
El documento enfatiza que la «violencia contra el derecho a la vida ocurre a pesar de que durante el año 2024 el Gobierno nacional mantuvo espacios abiertos para hacer realidad la política de ‘paz total’ con la insurgencia, los grupos posacuerdos (de paz), bandas criminales y paramilitares».
Incluyendo los 157 asesinatos, el año pasado hubo un total de 727 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, una cifra inferior en 38 casos a los 765 registrados por Somos Defensores en 2023.
Las agresiones documentadas a defensores en 2024 incluyeron amenazas, con 404 casos; asesinatos, con 157; atentados, con 62; desplazamientos forzados, con 44; secuestros, con 24; desapariciones forzadas, con 17; robos de información, con 7; detenciones arbitrarias, con 5; torturas, con 5; y agresiones sexuales, con 2.
Somos Defensores advirtió que «durante 2024, el Ejecutivo optó por acordar ceses al fuego principalmente bilaterales, y no multilaterales, como se había demandado desde las organizaciones a nivel territorial y nacional», lo cual aumentó el riesgo para las personas.
La plataforma aseguró que eso «provocó numerosos enfrentamientos entre actores armados ilegales, lo que incrementó la vulnerabilidad de las personas defensoras y sus comunidades, especialmente en las zonas rurales».
Además, varias de las «estructuras armadas» tendieron a fraccionarse mientras sostenían negociaciones y diálogos dentro de una política sin un marco jurídico claro y con una estrategia poco definida, conocida como ‘paz total’», enfatizó el documento.
«Mientras las agrupaciones armadas ilegales continúan desplegando una violencia selectiva a medida que se expanden y se confrontan entre sí, el Gobierno sigue sin trazar las llamadas ‘líneas rojas’ en el marco de las negociaciones y los diálogos socio-jurídicos que reafirmen el principio de distinción y permitan garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas defensoras», sostiene la ONG.
En ese sentido, la plataforma asegura que el «cuasi mantenimiento» de los índices de agresiones no puede atribuirse únicamente a los paramilitares, los grupos posacuerdo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los autores individuales, las bandas y las alianzas criminales.
«El Gobierno nacional también tiene responsabilidad por no haber atendido los llamados realizados con suficiente antelación desde distintos sectores que abogan por los derechos humanos», aseguró.
El convulso departamento del Cauca (suroeste), donde hay presencia de disidencias de las FARC y del ELN, así como de grupos de narcotraficantes, presenta las peores cifras, ya que allí asesinaron a 23 defensores de derechos humanos en 2024.
Le siguieron Antioquia con 19, Valle del Cauca con 18, Arauca con 17, y Bolívar y Chocó con siete cada uno.
De los 157 asesinatos verificados por el Siaddhh, en 61 casos (39 %) se desconoce la responsabilidad de los autores.
En segundo lugar, en cuanto a presunta responsabilidad, están los grupos posteriores al acuerdo de paz con 38 casos (24 %), y en tercer lugar, los paramilitares con 14 casos (9 %).
Por otra parte, el informe indica que los asesinatos atribuidos al ELN aumentaron, con 13 casos, lo que equivale al 8 %, mientras que en 2023 esa guerrilla fue presuntamente responsable de nueve crímenes (5 %).
