Abogados proponen vías civiles para indemnizar a víctimas del desplome en discoteca Jet Set

Santo Domingo, RD.-. Los familiares de los 221 fallecidos y los más de 155 heridos, al igual que los 189 rescatados entre los escombros de la discoteca Jet Set pueden presentar demandas por la vía civil contra los propietarios del establecimiento, por el desplome del techo la madrugada del martes con el saldo trágico de víctimas.

La vía penal no es la más viable, la que podría inducirse en caso de que en las investigaciones autorizadas por el Gobierno a técnicos nacionales y extranjeros -además del Ministerio Público- se determinen que hubo alguna acción dolosa en el derrumbe que se produjo cuando el fallecido merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta, que fue iniciada a las nueve de la noche del lunes. La tragedia ocurrió a las 12:45 de la madrugada del martes.

Entrevistado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en Santo Domingo, el abogado Wander Matos explicó que, desde el punto de vista legal, no procedería una demanda penal, ya que no se evidencia una "intención dolosa” en el hecho.

Sin embargo, entiende que los deudos de los fallecidos podrían explorar demandas por el mecanismo civil contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en procura de algunas indemnizaciones por causa de la tragedia.

Los diferentes seguros de las víctimas tendrían la  responsabilidad de canalizar los procesos necesarios para compensar a los parientes por los daños sufridos por las víctimas, dice Matos.

De su lado, los abogados Adolfo Serrano y Juan Carlos Bobea coincidieron en que una demanda civil sería la vía legal adecuada para el caso.

Para el procedimiento judicial, expertos ven  necesario reunir todos los elementos probatorios, como certificaciones, permisos de operación y evaluaciones estructurales omitidas.

Los abogados Jorge Contreras y Emmanuel Pimentel plantearon hace algunos días que el Ministerio Público debe iniciar una investigación penal para establecer responsabilidades, no solo de los propietarios, sino también de ingenieros, encargados de mantenimiento y autoridades municipales, por las posibles violaciones a normas de seguridad estructural y urbanística.

Entre las posibles infracciones citadas figuran el incumplimiento del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a infraestructura, permisos y condiciones de operatividad del centro nocturno.

“Los familiares de las víctimas tienen derecho a accionar por el incumplimiento de los deberes de mantenimiento, la falta de evaluación y la omisión de una posible demolición del edificio tras el incendio previo”, indicó Pimentel.