Santo Domingo. — La Procuraduría General de la República (PGR) dispuso el congelamiento de los activos del empresario Antonio Espaillat, representante de la empresa que operaba la discoteca Jet Set, como parte de las medidas cautelares dentro de la investigación penal en curso tras el colapso ocurrido el pasado 8 de abril.
Según informaciones preliminares, la decisión se tomó tras detectarse presuntos intentos de transferencia de bienes, los cuales habrían sido interpretados por las autoridades como un posible intento de evasión de responsabilidades civiles y económicas frente a las víctimas de la tragedia.
La medida ha generado diversas reacciones entre ciudadanos que aún visitan el área donde se encontraba el local, cerrado tras el fatídico evento.
“Es justo que se tomen medidas, esa tragedia no puede quedar impune”, expresó Elías Montero.
Mientras que otro ciudadano, Osiris Martínez, mostró escepticismo: “Parece más un juego de poder entre autoridades y empresarios. Esperamos que se traduzca en justicia real”.
El desplome del techo de concreto durante un evento masivo dejó una cifra devastadora de víctimas mortales, además de múltiples heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias en centros de entretenimiento en la historia reciente del país.
La Procuraduría ha reiterado su compromiso de avanzar en las investigaciones hasta esclarecer las causas del colapso y determinar las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Mientras tanto, los bienes del empresario permanecerán bajo custodia judicial para garantizar eventuales indemnizaciones a los afectados.
