Desde 2019, el colectivo Aquelarre RD ha centrado sus esfuerzos en combatir la violencia sexual y la falta de educación sexual integral en zonas rurales del país, especialmente en la conservadora provincia de Monseñor Nouel. Está formado por una veintena de mujeres jóvenes provenientes de movimientos estudiantiles que decidieron descentralizar el activismo desde Santo Domingo y llevarlo a comunidades como Bonao, Maimón y Piedra Blanca.
“Queremos liberar a las mujeres negras, rurales, migrantes y disidentes sexuales de los sectores populares. Nuestro objetivo político es el buen vivir, libre de todos los ejes de opresión”, explica Esther Girón, coordinadora del colectivo.
Una de sus herramientas principales ha sido el Manual Klk con mi cuerpo, un libro que explica la educación sexual de forma clara y accesible, abordando desde el ciclo menstrual hasta los derechos sexuales y reproductivos. Ha llegado ya a más de 3.600 niñas y jóvenes entre 10 y 19 años en 16 escuelas rurales, acompañado de más de 300 kits de gestión menstrual.
República Dominicana es el país con la mayor tasa de embarazos adolescentes en América Latina. Según el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), la mayoría de estos embarazos ocurren sin intención, en contextos de desinformación y sin acceso adecuado a métodos anticonceptivos. Además, es uno de los cinco países en la región donde el aborto está totalmente prohibido.
“La mayoría de las preguntas que recibimos en los talleres son sobre consentimiento y menstruación. Pero cuando surgen casos de violación, no hay protocolos claros en las escuelas, y muchas veces los abusadores son los mismos maestros”, denuncia Yanil Abad, cofundadora de Aquelarre.
Girón denuncia que las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva están marcadas por el racismo y la discriminación, especialmente hacia mujeres negras y de ascendencia haitiana. “En este país, las migrantes embarazadas enfrentan mayor riesgo de morir durante el parto. Son infantilizadas, discriminadas y relegadas en la atención médica”.
La política migratoria de “mano dura” del presidente Luis Abinader ha agudizado esta situación. A principios de abril, su Gobierno lanzó un nuevo plan con 15 medidas restrictivas, incluyendo la exigencia de documentación legal para acceder a atención médica. Solo en el primer día de implementación, 87 mujeres —la mayoría embarazadas o recién paridas— fueron detenidas y deportadas desde hospitales del país, junto con 48 niños.
Girón acusa al Estado de “militarizar las maternidades” y deshumanizar a las mujeres negras migrantes. “Estamos frente a una de las olas más racistas y violentas de las últimas décadas”.
A pesar del cansancio y los riesgos, el colectivo no se detiene. “El feminismo ya no provoca tanta rabia como antes”, dice Abad. “Pero cuando tocamos temas de negritud o migración, se vuelve realmente peligroso. Aun así, alguien tiene que hacerlo”.
Fuente: El País
