La Romana, R.D. – A menos de un año de asumir la alcaldía, Eduardo Kery Metivier, alcalde de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrenta una grave denuncia por presunta corrupción administrativa, presentada formalmente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por los regidores Ulises Aquino Franco (PRM) y Luz Johanna Batista Solimán (PRSC).
La denuncia, depositada el pasado 3 de abril, expone la existencia de más de 16 brigadas de limpieza contratadas por el Ayuntamiento para operar en distintos puntos de la ciudad y cementerios municipales, cuyos trabajos no pudieron ser verificados por los regidores. “Nosotros hicimos verificaciones, íbamos a los lugares y nunca nos topamos con un solo personal de las dichosas brigadas”, afirmó Ulises Aquino, quien también cuestionó el hecho de que estas contrataciones nunca fueran sometidas al concejo de regidores.
Según el expediente entregado a la PEPCA, estas brigadas inexistentes representaban un gasto mensual de más de RD$3 millones. Algunos contratos fueron firmados y los pagos ejecutados incluso después del periodo en que supuestamente se realizó el servicio. Los cheques, de acuerdo con la denuncia, eran entregados a Ramón Henríquez (Servicios Municipales) y a Inocencio Santana (Secretario General del Ayuntamiento).
Una investigación realizada por los regidores incluyó llamadas a personas cuyos nombres aparecen en los contratos. En la entrega más reciente del programa de investigación “N Investiga”, se difundió un audio que describe el supuesto modus operandi del cobro “hacia atrás”, en efectivo, luego de emitir los cheques.
Uno de los ejemplos expuestos en el programa fue el contrato de Juana Isabel Jiménez, con duración de un mes desde julio hasta agosto de 2024 por RD$127,000, pagado apenas un día después de finalizar el supuesto servicio. Otro contrato, el número 101-2024, firmado por el alcalde, asignó a Carlos Jairo Beras una brigada nocturna por RD$200,000, especificando que utilizarían equipos y combustible del Ayuntamiento, pero sin establecer claramente ni el personal involucrado ni los horarios.
En respuesta a estas acusaciones, el alcalde Metivier reconoció que los pagos se realizaban a través de terceros, justificando la informalidad por la supuesta dificultad de encontrar personal dominicano documentado. Sin embargo, en los contratos revisados no hay constancia de RNC, registro de proveedor del Estado ni especificaciones básicas del servicio.
Entre los contratos señalados se encuentran los de Félix María de la Cruz (RD$225,000), Víctor Manuel Eduardo Luis (RD$158,000), Ferdinand Andrice (RD$144,547), Jesús Mercedes (RD$289,000), Raúl Guzmán Carrasco (RD$160,209.50) y Luis Elpidio Rosario (RD$160,209.50), todos por trabajos sin evidencia de ejecución.
Más irregularidades: contratos a familiares y empresas no registradas
La denuncia también incluye licitaciones a empresas vinculadas a familiares y empleados del Ayuntamiento, como la compra de artículos ferreteros por RD$445,050 a Extraquímica SRL, propiedad de Andy Jiménez González, sobrino político del alcalde. Otro contrato por RD$424,800 por servicios de almuerzo fue adjudicado a Pichardo & Canela Kitchen Limited SRL, cuyo propietario es hijo del encargado de Espacios Públicos del Ayuntamiento.
Aunque el alcalde trató de minimizar el conflicto de intereses, la Ley 340-06 prohíbe expresamente que personas con vínculos de parentesco hasta el cuarto grado con funcionarios participen en procesos de contratación pública. La Constitución también sanciona el nepotismo con hasta diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
A esto se suma otra irregularidad: la empresa Pichardo & Canela Kitchen no estaba registrada como suplidora del Estado al momento de la adjudicación, realizada en diciembre de 2024. Su inscripción se formalizó el 28 de enero de 2025 y el acta de adjudicación fue subida al portal público el 30 de enero.