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Nueva York. – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de otros 18 fiscales generales para oponerse al intento de la administración Trump de despojar a cientos de miles de inmigrantes haitianos de su estatus legal bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El TPS es un programa humanitario que protege a las personas de regresar a países que se han considerado inseguros debido a conflictos armados en curso, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro.
En un escrito amicus, la fiscal general James y la coalición argumentan que eliminar el TPS para los inmigrantes haitianos los pondría en peligro, separaría a las familias y dañaría las economías locales.
La fiscal general James está solicitando al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York que mantenga el TPS en vigencia para miles de inmigrantes haitianos, incluidos los más de 5400 titulares de TPS haitianos que viven en la ciudad de Nueva York.
“Revocar el estatus migratorio legal de los haitianos, que los ha mantenido a salvo con sus familias en Estados Unidos, es cruel y peligroso”, declaró la Fiscal General James.
“Los inmigrantes haitianos han contribuido enormemente a nuestras comunidades, vecindarios y economías locales, y sin ellos, Nueva York y este país no serían lo mismo.
Insto a este tribunal federal a que mantenga intacto el estatus legal de los haitianos para que las familias puedan permanecer juntas de forma segura”.
A pesar de las continuas crisis humanitarias en Haití, el gobierno de Trump ha tomado medidas que pondrían fin a las protecciones del TPS para los haitianos, quienes tuvieron la oportunidad de solicitar dicho estatus legal en 2010 tras un terremoto que devastó la isla.
Desde 2010, Haití ha enfrentado inestabilidad política y Estados Unidos ha continuado extendiendo las protecciones del TPS para los haitianos desde 2011.
A pesar de las condiciones inseguras en Haití, el gobierno de Trump tomó medidas para poner fin a las protecciones para los beneficiarios del TPS, poniendo en riesgo la seguridad de innumerables personas.
En un escrito amicus presentado en el caso de la Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra Donald J. Trump, la Fiscal General James y la coalición afirman que los cambios al TPS de la administración Trump se implementaron sin considerar las precarias condiciones en Haití y que, de permitirse su entrada en vigor, afectarían gravemente la vida de cientos de miles de beneficiarios del TPS y sus familias.
Estas cancelaciones reducirían el tiempo que los beneficiarios haitianos del TPS pueden permanecer en Estados Unidos con autorización de trabajo y los expondrían al riesgo de deportación.
Además del impacto humanitario, los fiscales generales argumentan que la terminación del TPS afectaría las economías locales y agotaría los recursos estatales en varios estados, incluyendo Nueva York.
Los haitianos son miembros esenciales de la fuerza laboral neoyorquina, desempeñando funciones esenciales en la salud, la educación, la construcción y otros sectores.
Muchos son propietarios de viviendas y negocios que aportan miles de millones a la economía a través de salarios e impuestos.
En Nueva York viven aproximadamente 56,800 beneficiarios del TPS, y más de 5,400 haitianos residen solo en la ciudad de Nueva York.
En 2023, los hogares neoyorquinos beneficiarios del TPS obtuvieron $2,300 millones en ingresos, pagaron $348.9 millones en impuestos federales y $305.5 millones en impuestos estatales y locales, y aportaron $1,600 millones al poder adquisitivo.
La Fiscal General James y la coalición argumentan además que las familias de los beneficiarios haitianos del TPS se verán perjudicadas si no se posponen los cambios al programa, lo que generaría graves dificultades para estos hogares.
Además, obligaría a los padres beneficiarios del TPS a tomar la difícil decisión entre:
Regresar solos a su país de origen, dejando a sus hijos abandonados en familias rotas y en el sistema de hogares de acogida;
Llevar a sus familiares, algunos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, con ellos a un país peligroso que no conocen; o quedarse en Estados Unidos y retirarse a las sombras, sabiendo que no pueden trabajar legalmente y que podrían ser arrancados de sus familias en cualquier momento.
La Fiscal General James ha luchado por proteger a las comunidades inmigrantes vulnerables. El mes pasado, codirigió una coalición de fiscales generales para oponerse al intento ilegal e infundado de la administración Trump de despojar del TPS a inmigrantes haitianos y venezolanos.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California se basó expresamente en un escrito amicus curiae codirigido por la Fiscal General James para otorgar una medida cautelar que protege a los beneficiarios venezolanos del TPS en el caso Alianza Nacional TPS contra Noem .
Junto a la Fiscal General James en la presentación del escrito están los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
