Santo Domingo.- Una tormenta política y judicial sacude a Santo Domingo tras revelarse que Johanna Madera de Stanley no fue condenada por robo de identidad contra Karla Fitch, como se difundió inicialmente. Ahora surgen serias acusaciones de complicidad entre miembros del sistema judicial y la propia Fitch.
Según la sentencia emitida por la jueza Esmirna Méndez, el tribunal no pudo demostrar que Madera de Stanley haya robado la identidad de Karla Fitch ni que haya realizado amenazas contra el colegio Mundo Creativo Montessori.
Según los abogados de la defensa, la acusación habría sido un montaje cuidadosamente planificado en el que Karla Fitch habría utilizado su propia identidad para enviarse amenazas a sí misma, fabricando pruebas para inculpar a Madera de Stanley.
"Esta fue una estrategia deshonesta. Karla Fitch sabía perfectamente que, sin fotos ni documentos de identidad, nadie podría culparla directamente, y así se lo había comentado en conversaciones anteriores a Johanna", reveló una fuente cercana al caso.
Los abogados van más allá y señalan que hubo "falta de imparcialidad" en el tribunal, y que algunos jueces actuaron con evidente sesgo a favor de Fitch, lo que permitió que se instalara en la opinión pública una versión falsa de los hechos.
La defensa ya ha anunciado una apelación en la que promete destapar todas las irregularidades del proceso, incluidas presiones externas, omisiones de pruebas y protección indebida a Karla Fitch.
Además, los abogados de Madera iniciarán acciones legales contra todos los medios de comunicación que publicaron información falsa, así como contra los funcionarios y jueces que, según afirman, violaron los derechos fundamentales de su defendida.
“Vamos a demostrar que esto fue una manipulación escandalosa. No permitiremos que se destruya la vida de una persona inocente para proteger a quienes realmente manejaron todo desde las sombras”, afirmaron los abogados.
El país se mantiene atento ante lo que promete ser uno de los escándalos judiciales más graves de los últimos años, en el que no solo estará en juego la inocencia de una ciudadana, sino también la credibilidad misma del sistema de justicia.