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En tan solo seis meses, en la frontera norte entre Chile y Bolivia, en la localidad de Colchane, el Gobierno del país austral ha cerrado dos espacios esenciales para la acogida de migrantes en situación irregular y ha "acotado" la atención a estos extranjeros para concentrarse en aplicar un nuevo protocolo que, por primera vez, "reconduce" hacia Bolivia a quienes cruzan por pasos no habilitados.
Roberto ingresó a Chile la madrugada del 19 de marzo por uno de los muchos accesos irregulares del desierto altiplánico, enfrentando temperaturas cercanas a cero grados, sin agua ni comida, y después de cuatro horas de camino por el extenso humedal que separa ambos países, engañado por los coyotes.
No recomiendo a nadie pasar por esa trocha con agua putrefacta a las dos de la madrugada, mucho menos con niños. La gente salió llorando de allí, pensando que iba a morir", explica a EFE el venezolano de 25 años desde el Centro Migratorio Irregular (CMI), que ahora reemplaza uno de los espacios fronterizos de acogida.
Un mes antes, habían cruzado, también por un paso irregular y procedentes de Venezuela, Indiana García, su marido y su bebé de dos años: “Fue horrible pasar por la zanja, con los bolsos, mi bebé en brazos, y enfrentando la altura y el frío. Me ahogaba”, cuenta.
Entre 30 y 40 personas, según fuentes de la Policía de Investigaciones (PDI), cruzan cada día desde Bolivia por este punto no habilitado al caer el sol, acompañadas de 'coyotes', con la esperanza de encontrar en Chile un futuro mejor.
La frontera de Colchane, situada a casi 2.000 kilómetros al norte de la capital, es extensa y porosa, con gran altitud y condiciones climáticas que pueden ser mortales para quienes ingresan de manera irregular, señala a EFE la fiscal de la Región de Tarapacá, Trinidad Steinert. Ella enfatiza que, a pesar de estas condiciones, es posible cruzar, lo que convierte a esta frontera en un punto vulnerable.
La migración irregular en Chile se ha multiplicado de forma exponencial en los últimos años: de unas 10,000 personas en 2018 a casi 337,999 en 2023, según el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Estas cifras representan el 17.6% de los 1.9 millones de migrantes que hay en el país.
Las autoridades regionales, por encargo del Gobierno del progresista Gabriel Boric –quien ha endurecido su discurso contra la migración–, "han fortalecido" la inversión en la frontera hasta alcanzar los 16 millones de dólares durante este mandato, según la Delegación Presidencial de Tarapacá.
Desde septiembre de 2024, el Gobierno regional ha desmantelado los dos Dispositivos Transitorios (DT) de la zona, infraestructuras clave destinadas a la acogida de migrantes, que fueron instauradas en 2021 como respuesta a la crisis provocada por la aparición de campamentos improvisados en plazas y calles de distintas localidades fronterizas.
Su cierre implica la reducción progresiva de programas y acciones de organizaciones internacionales y locales para proteger a las familias migrantes y se debe, según las autoridades, al "descenso sostenido" en la llegada de personas por este punto, así como a la aplicación de un acuerdo suscrito entre Chile y Bolivia para "reconducir" hacia el país vecino a los extranjeros que ingresen por un paso irregular.
La delegada presidencial en la región de Tarapacá, Ivonne Donoso, explicó a EFE que ha habido “un cambio de enfoque” para ofrecer una atención “más acotada” y “expedita”, acorde con la realidad migratoria actual, para que “no se genere un asistencialismo permanente”.
Esta nueva estrategia preocupa a las organizaciones que trabajan con personas migrantes, debido a la "incertidumbre" que genera el nuevo escenario y a la "regresión" del Estado en su protección.
"Colchane pasó de ser un centro de primera acogida a convertirse en una 'sala de espera' para migrantes irregulares, sin la capacidad ni las condiciones adecuadas", alertó a finales de febrero el defensor de la Niñez, Anuar Quesille. Según él, las condiciones que en 2021 permitieron ofrecer "una respuesta humanizada" hoy "se han ido diluyendo" hasta el punto de "poner en riesgo sus vidas".
Quienes trabajan sobre el terreno cuestionan la eficacia real de la norma y temen un posible "efecto boomerang" porque, según dicen, quienes sean reconducidos "intentarán volver a entrar a Chile una y otra vez, lo que podría volver a colapsar la frontera".
Karina Fauste, directora de la Fundación Madre Josefa de la Región de Tarapacá, advierte que en experiencias similares anteriores hubo “consecuencias negativas para quienes migran, aumentando los riesgos debido a rutas más peligrosas y la exposición a la trata, el tráfico o la violencia”.
Como respuesta a los cierres, organizaciones como la suya implementaron otras iniciativas de apoyo a las familias y entrega de soluciones inmediatas, desde ayuda humanitaria hasta soluciones de habitabilidad, salud o educación. "La acogida -concluye Fauste- es esencial para reorientar sus proyectos de vida de manera segura y respetuosa de sus derechos".
