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Santo Domingo — La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana dio a conocer el Proyecto de Reglamento que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la equidad y el rigor técnico en los procesos comiciales del país.
Este reglamento busca establecer un marco normativo claro y detallado para regular el funcionamiento de las firmas encuestadoras que participan en procesos electorales, abarcando desde su registro ante la JCE hasta las condiciones en las que pueden realizar y publicar estudios de opinión con fines políticos o electorales.
El documento fue aprobado de forma unánime por el Pleno de la JCE, presidido por Román Andrés Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, con la asistencia del secretario general Sonne Beltré Ramírez.
El reglamento estipula que toda firma encuestadora que desee operar en el ámbito electoral deberá registrarse previamente ante la JCE, presentando una serie de requisitos como estatutos sociales, nómina de accionistas, currículos de técnicos responsables, entre otros documentos. Solo las firmas debidamente habilitadas podrán realizar y publicar encuestas electorales.
Asimismo, se introducen definiciones clave como “encuesta a boca de urna”, “publicación de encuestas” y “sistema de registro”, y se detalla un procedimiento de verificación y análisis de los expedientes, el cual será realizado por la Dirección Nacional de Elecciones en un plazo máximo de 15 días laborables.
La iniciativa toma en cuenta preceptos constitucionales y legales, como la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y diversos tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos.
Además, el reglamento no vulnera la libertad de expresión ni de empresa, sino que busca equilibrar los derechos individuales con el orden público y la garantía de procesos electorales justos y veraces.
