Ministerio Público incauta la discoteca Jet Set a un mes de la tragedia que dejó más de 230 muertos

Santo Domingo – En la víspera del primer mes de la tragedia que enlutó al país, el Ministerio Público tomó posesión este martes de las ruinas de la emblemática discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, cobrando la vida de más de 230 personas durante una fiesta del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el siniestro.

La Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República asumió el control del inmueble, que ahora forma parte de las investigaciones en curso sobre las causas del colapso. La incautación del edificio, aún no explicada públicamente por las autoridades, se debe a indicios de posible responsabilidad penal.

La discoteca, acordonada con cinta amarilla que impide el paso a los curiosos, sigue bajo la vigilancia de la Policía Nacional. Afuera, las flores colocadas por familiares y ciudadanos han comenzado a marchitarse; los velones ya se han apagado, pero las fotografías de las víctimas permanecen intactas, como testigos silenciosos de la tragedia.

A pesar del paso de los días, todavía son frecuentes las visitas de personas que se acercan al lugar para rendir homenaje, documentar el escenario o simplemente intentar comprender lo sucedido.

Hasta el momento, la Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido al menos 38 querellas contra la gerencia de la discoteca y su propietario, Antonio Espaillat, por presunta negligencia. Las denuncias señalan una vulnerabilidad estructural en el techo del establecimiento, que supuestamente fue ignorada durante mucho tiempo.

Los familiares de las víctimas y algunos de los heridos también han presentado acciones legales contra la Alcaldía del Distrito Nacional, a la cual acusan de no cumplir con su función de supervisar y controlar las infraestructuras públicas y privadas.

Hace unos días, la Fiscalía inmovilizó las cuentas bancarias de Espaillat debido a sospechas de que intentaba transferir bienes a terceros, posiblemente con el fin de evadir responsabilidades económicas.

La nación continúa esperando respuestas concretas y justicia ante una de las tragedias más devastadoras de los últimos años.