Los costos laborales no salariados inducen la informalidad en el país, advierte la CREES

Santo Domingo, RD.- El tema de la informalidad genera preocupación tanto en el Estado como en la cúpula empresarial.

La discusión sobre la formalidad en el trabajo ha tenido mayor resonancia desde que el Congreso Nacional recibió del Poder Ejecutivo un proyecto de reforma de la legislación laboral, vigente desde hace décadas.

La informalidad y la posible eliminación de la cesantía –prestaciones laborales– han despertado mayor atención en el debate.

El proyecto está siendo estudiado por una comisión del Senado, bajo la presión del empresario que insiste en la urgencia de cambiar el modelo de cesantía. Además, los sindicatos de trabajadores han advertido sobre una posible alteración de la paz laboral si se "toca" ese denominado "derecho adquirido".

Como alternativa, los empleadores sugieren que la cesantía tenga vigencia solo hasta un tiempo determinado, ya que se convierte en una carga que actúa como un pasivo para las empresas, lo que afecta negativamente la rentabilidad.

El Centro Regional de Economías Estratégicas Sostenibles (CREES) señala que las estadísticas oficiales indican que, en los últimos cinco años, la informalidad ha promediado el 56.6% de la ocupación total. "En números redondos, de cada 10 personas ocupadas, seis se encuentran fuera del sistema de las legislaciones vigentes", explica la entidad.

La CREES estima que, en el caso de un empleador formal, los costos laborales no salariales mínimos representan entre el 29.3% y el 31.1% del salario anual de un empleado. Estos costos incluyen la seguridad social, el pago al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el salario número 13 y las vacaciones.

“De acuerdo con la legislación vigente, las empresas deben repartir como mínimo el 10% de sus ganancias entre los empleados. En consecuencia, el costo laboral no salarial, es decir, el costo adicional al salario acordado contractualmente entre empleado y empleador, aumenta a un mínimo que se sitúa entre el 45.0% y el 52.1% del salario anual”, asegura.

Especifica que, si una empresa se ve obligada a despedir a un trabajador, el costo laboral no salarial alcanza el 54.48% si ese empleado ha trabajado durante un año. Argumenta que, en el caso de una persona que ha trabajado durante 20 años en una empresa y es despedida, en ese último año el costo puede llegar a representar el 222.8%.

“La cesantía es un costo significativo que constituye un pasivo contingente. Es decir, una obligación que puede surgir en cualquier momento y para la cual las empresas no siempre disponen de los fondos necesarios para afrontarla. Toda persona que comprende el funcionamiento de una empresa conoce esta realidad en la República Dominicana”, precisó el CREES.

“Las cifras de informalidad están enviando una señal a las autoridades: el sistema formal dificulta las actividades económicas y las encarece en la República Dominicana. Por esta razón, los ciudadanos necesitan reformas que aborden este problema y que no contribuyan a la consecuencia de incentivar actividades al margen de las normas establecidas”, indica la entidad en un análisis.