Zapete, Febles, Salazar y Mariasela demandan penalmente a comunicadores por difamación e injuria

Santo Domingo – Los reconocidos periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez interpusieron este lunes querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en su contra, cometidas a través de plataformas digitales.

Las acciones legales se han dirigido contra los comunicadores Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes acusan de difundir reiteradamente expresiones ofensivas y acusaciones infundadas que han lesionado su honor y reputación.

El equipo legal que representa a los querellantes está compuesto por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez, quienes proporcionaron los detalles del caso mediante un comunicado.

"Estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica. Se trata de un esfuerzo por proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas de comunicación para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento", indicaron los abogados.

En el documento, los juristas destacan que, aunque cada caso responde a circunstancias diferentes, todos comparten un objetivo común: "sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y fortalecer una cultura democrática en la que las diferencias se resuelvan con argumentos, no con agravios".

Asimismo, afirmaron que las declaraciones realizadas por los denunciados han excedido los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se han convertido en ataques personales con consecuencias graves para sus representados.

Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso adecuado de los mecanismos institucionales para resolver conflictos. “No se puede confundir la libertad con la impunidad”, concluyeron, haciendo un llamado al respeto mutuo, a la convivencia democrática y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva.