El inminente peligro de construir sin un ingeniero responsable

En República Dominicana, muchas personas optan por iniciar la construcción de sus viviendas sin la asesoría de profesionales calificados, confiando la dirección de la obra a supuestos “maestros constructores”. Estos, en la mayoría de los casos, no poseen formación académica ni conocimientos técnicos suficientes para asumir la responsabilidad de una edificación segura. De hecho, muchos ignoran conceptos básicos como el momento flector o una falla estructural. Aunque existen academias que ofrecen talleres para formar “maestros constructores”, estos programas solo abordan aspectos operativos de la construcción, y de ningún modo sustituyen la labor de un profesional de la ingeniería o la arquitectura.

Cuando un proyecto cuenta con el presupuesto adecuado, intervienen múltiples especialistas: el arquitecto, encargado del diseño general; el ingeniero estructural, que requiere datos como el esfuerzo admisible del terreno (obtenido mediante un estudio geotécnico); y otros profesionales como los ingenieros eléctricos, hidráulicos y, ocasionalmente, un paisajista. Este equipo multidisciplinario garantiza una obra segura, funcional y acorde con las normativas.

Sin embargo, el problema comienza cuando se busca reducir costos. Incluso una vivienda modesta de 150 metros cuadrados puede requerir una inversión significativa en la etapa de diseño. Un paquete completo de planos y estudios puede superar los RD$300,000.00 considerando honorarios profesionales, estudios de suelo, arbitrios municipales y pagos institucionales como los del CODIA, FOPETCONS y MIVED.

Ante esa realidad, muchos propietarios optan por reducir gastos contratando únicamente al arquitecto para los planos, omitiendo los demás especialistas. En consecuencia, el arquitecto se ve forzado a asumir responsabilidades que no le competen, como calcular la estructura, diseñar las instalaciones eléctricas e hidráulicas y estimar materiales sin el respaldo técnico adecuado. Esto no solo compromete la calidad del diseño, sino que pone en riesgo la seguridad de la obra.

La situación empeora cuando se encarga la ejecución a un albañil que, sin siquiera cursar un taller, se hace llamar “maestro constructor”. Convencido de que así ahorrará dinero, el propietario pone su proyecto en manos de alguien que no está capacitado para interpretar planos ni supervisar procesos técnicos. En la práctica, esto se traduce en obras mal construidas, uso incorrecto del acero, instalaciones deficientes y estructuras vulnerables.

Una losa de hormigón, por ejemplo, necesita una correcta cuantía de acero para resistir las fuerzas de tracción. Si se coloca menos acero del necesario, puede fisurarse y eventualmente colapsar. En cambio, si se coloca acero en exceso, la losa puede volverse demasiado rígida, perdiendo la ductilidad necesaria para absorber deformaciones sin fallar. En ambos casos, el resultado es una obra insegura.

Lo ideal sería que todo propietario contrate el equipo completo de profesionales que su proyecto requiere. No obstante, es comprensible que para muchas familias eso sea financieramente inalcanzable. Por ello, propongo dos soluciones concretas:

1. Participación del Estado: Que los ayuntamientos instalen laboratorios municipales de suelo y hormigón. Esto permitiría realizar estudios técnicos a bajo costo, asegurando que los ingenieros estructurales cuenten con la información necesaria para diseñar de forma segura. Además, se debería evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones existentes o en proceso, para garantizar que cumplan con los estándares de resistencia.

2. Ventanilla única privada: Profesionales del CODIA (arquitectos, ingenieros estructurales, eléctricos e hidráulicos) podrían asociarse para ofrecer servicios integrales a bajo costo mediante una “ventanilla única privada”. Esta oficina se encargaría de todo el proceso: diseño, estudios, permisos, y entrega de planos aprobados y listos para construir, por un monto único y asequible (por ejemplo, RD$50,000). Con solo un proyecto por día, cada profesional podría percibir ingresos mensuales razonables, al tiempo que contribuiría a una ciudad más segura y ordenada.

Algunos podrían considerar baja esta remuneración, pero si se valora desde una perspectiva colectiva, representa una oportunidad para dignificar la profesión, ofrecer un servicio social y crear un modelo replicable en todo el país.

Si queremos un país más seguro y con mejor planificación urbana, todos —profesionales, autoridades y ciudadanos— debemos aportar nuestro granito de arena. El acceso a una vivienda segura no debe ser un lujo, sino un derecho garantizado con responsabilidad y compromiso.