Participación Ciudadana critica deportaciones de embarazadas y niños haitianos por parte del gobierno dominicano

Santo Domingo. – La coordinadora nacional de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, expresó este jueves su preocupación por las políticas migratorias implementadas por el Gobierno dominicano, señalando que, aunque el país tiene el derecho de repatriar a migrantes en situación irregular, estas acciones deben realizarse respetando los derechos y la dignidad de las personas.

En particular, Blanco criticó la deportación de mujeres embarazadas y menores de edad, argumentando que estas prácticas vulneran el Estado de derecho y coinciden con las observaciones de Amnistía Internacional sobre arbitrariedades e inhumanidad en los procedimientos migratorios.

Por su parte, la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, defendió la postura del Gobierno, destacando la necesidad de proteger la soberanía nacional y la seguridad del país.

Bournigal enfatizó que, aunque la República Dominicana ha mostrado solidaridad con Haití, es esencial tomar medidas para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional.

El senador de Santiago, Daniel Rivera, también respaldó las políticas migratorias, señalando que el país nunca ha negado atención médica a parturientas haitianas y sugirió que la comunidad internacional debería colaborar para mejorar las condiciones en Haití, permitiendo que los migrantes reciban atención en su país de origen.

En respuesta a las críticas, el Gobierno dominicano ha continuado con el endurecimiento de su política migratoria.

El presidente Luis Abinader emitió un decreto creando la Comisión Consultiva para el Estudio de las Leyes Migratorias, encabezada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

Esta comisión tiene la responsabilidad de formular un marco regulatorio claro y moderno acorde con las exigencias de la vida económica y social del país.

Estas acciones reflejan la creciente tensión entre las preocupaciones por los derechos humanos y la necesidad de garantizar la seguridad y soberanía nacional en el contexto de la crisis migratoria regional.