
Santo Domingo, República Dominicana.- Las autoridades dominicanas iniciarán en los próximos días una serie de negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos para evitar un impacto negativo en el cobro del impuesto sobre el envío de remesas, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes con un monto del 3.5 por ciento, inferior al 5 por ciento que había establecido el presidente Donald Trump.
El presidente de la Asociación de Industrias, Julio Virgilio Brache, informó que se buscará, por la vía de las negociaciones, que ese impuesto no afecte el envío de remesas procedentes de Estados Unidos debido a su impacto en la economía dominicana.
Desde el mercado estadounidense se envía el 80 por ciento cada año, mientras que el 20 por ciento lo envían dominicanos que residen en España, el Reino Unido, Italia y varios países de Centroamérica.
Brache confía en que se logrará un entendimiento con las autoridades estadounidenses para evitar un efecto negativo en la recepción de las remesas, que el año pasado superaron los 10 mil millones de pesos.
En un informe del Banco Central publicado hace algunos días, se indica que, hasta el primer trimestre del año, las remesas representaban una cifra superior a los 3,900 millones de dólares, además de destacar su impacto positivo en la estabilidad económica.
Brache considera que la imposición de un impuesto podría significar una reducción del 5 por ciento en el envío de remesas desde Estados Unidos, lo que afectaría el consumo de las familias que cada año se benefician de esta iniciativa de sus seres queridos que residen en el exterior.
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La bancada del Partido Republicano logró que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto del 3.5% a las remesas, en lugar del 5% previsto inicialmente.
El plan fiscal ahora será enviado al Senado. (El párrafo ya está gramaticalmente correcto y no requiere cambios).
El impuesto del 3.5% se aplicaría a los envíos realizados por personas indocumentadas, inmigrantes con residencia permanente, con visas de trabajo o amparadas por cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos de este gravamen.
Más del 80% de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos no son ciudadanos estadounidenses, y solamente un 10% de los que viven en el país han completado los trámites para obtener la ciudadanía.
Países como la República Dominicana, México, Haití y Honduras podrían verse más afectados por este impuesto a las remesas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo ha calificado como "una injusticia" y una acción "discriminatoria" que afectaría a los migrantes.
Con el megaproyecto, la administración Trump busca extender las exenciones fiscales de su primer mandato (2017-2021) y añadir nuevas reducciones, como las exenciones a las propinas y a las compras de automóviles fabricados en el país, junto con un incremento en los fondos para la gestión de la frontera y la aplicación de la estricta política migratoria del presidente.
El aumento en el gasto público se compensaría con recortes a programas de seguridad social por más de 1 billón de dólares en la próxima década, incluyendo restricciones a la asistencia sanitaria de Medicaid y Medicare.
Los fondos federales de Medicaid se reducirían en casi 700,000 millones, y Medicare podría experimentar un descenso de 500,000 millones para mantener el déficit dentro de los márgenes legales establecidos por el Congreso.