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Nacionales 
  • Por: Mayte Feliz M.
  • miércoles 04 junio, 2025

Jurista Olivo Huertas califica como "bochornoso acto de ilegalidad" posible despojo del canal 3 a ACD Media

Huertas Rodríguez advierte que suspender el canal 3 sin base legal y sin demanda de nulidad vulnera el estado de derecho y la seguridad jurídica, afectando la libertad de expresión.

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Santo Domingo. – El abogado y jurista Olivo Huertas Rodríguez calificó como un “bochornoso acto de ilegalidad” cualquier intento de despojar al Grupo ACD Media de la frecuencia digital del canal 3, al considerar que dicho canal virtual no está involucrado en ningún litigio legal y que cuenta con un acto administrativo firme.

Durante una entrevista en el programa La Súper 7, del Grupo ACD Media, Huertas Rodríguez afirmó que la decisión del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) de suspender provisionalmente el canal 3 mientras se lleva a cabo un proceso judicial constituye una medida sin base legal.

“No hay razón alguna para suspender algo que está sustentado en un acto administrativo firme, con autoridad. Para revocar eso, tendría que haber una declaración formal de nulidad por parte de Indotel, y eso no ha ocurrido”, sostuvo el jurista.

Cuestionó, además, que se haya presentado como litigioso un canal que, según afirmó, fue asignado correctamente en el marco del proceso de digitalización.

“La presentación de los hechos es errónea. No hay litigio sobre ese canal virtual. Si Indotel quisiera revertir la asignación, tendría que someter una demanda de nulidad, lo cual no ha hecho”, explicó.

Huertas Rodríguez advirtió que esta situación atenta contra el estado de derecho y la seguridad jurídica del país.

“El Estado de derecho implica que todas las actuaciones del poder público estén sujetas a un orden jurídico preestablecido. Eso es lo que permite que los ciudadanos puedan saber qué hacer y qué no hacer. Si el Estado actúa al margen de ese orden, entonces se erosiona la base misma de nuestra democracia”, declaró.

El jurista concluyó que cualquier acción de despojo sin el debido proceso legal debilita la institucionalidad y pone en riesgo la libertad de expresión, así como los derechos adquiridos por medios legítimos.

Canal 3: el silencio cómplice de las autoridades

Hace más de un mes, el Grupo ACD Media alzó la voz con indignación. No fue una queja trivial ni una rabieta empresarial. Denunció, con pruebas y documentos oficiales en mano, una campaña de desinformación burda y peligrosa tras la legal, legítima y pública asignación del canal virtual 3 al concesionario FRANASYL S.R.L., en el marco del proceso de digitalización de la televisión terrestre en República Dominicana. ¿Y qué ha hecho el regulador estatal? Poco menos que mirar hacia otro lado.

Retrocedamos al 27 de agosto de 2024. FRANASYL,cuando le dijo al Indotel la reasignación del canal virtual 3. Lo hizo dentro del marco legal, conforme a las reglas del juego establecidas en el proceso de implementación de la Televisión Terrestre Digital (TTD).

La respuesta del Estado fue clara y, lo más importante, pública y unánime. El 14 de noviembre de 2024, el Consejo Directivo de Indotel aprobó, mediante resolución No. 132-2024, la asignación del canal virtual 3 a FRANASYL. La resolución fue publicada en el diario Hoy, como manda la ley. El 3 de mayo de 2025, el mismo Indotel confirmó la licencia de operación a la empresa. Hasta ahí, todo en regla.

Entonces, ¿de dónde sale el ruido? ¿Por qué se difunde, desde sectores con claros intereses mediáticos, la narrativa de que el canal 3 fue entregado a otra persona? ¿Quién se beneficia de esta confusión y quién permite que crezca como una metástasis en la opinión pública?

Durante el programa “El Zol de la Tarde” del grupo RCC Media, la panelista Cristal Acevedo explicó que a travès de una conversación telefónica con la directora ejecutiva de Indotel, Julissa Cruz Abreu, le confirmó que la frecuencia del canal 3 “fue asignada al comunicador Dany Alcántara”.

¿Qué pretende esa declaración? ¿Qué autoridad puede tener una conversación informal frente a una resolución oficial? ¿O acaso se está diciendo que hay decisiones paralelas, acuerdos de pasillo y favoritismos que se imponen a las resoluciones del Consejo Directivo?

La campaña de desinformación no es ingenua. Es orquestada. Es metódica. Y es peligrosa.

No se trata solo de un canal. Se trata del control de la narrativa, de quién tiene voz y quién es silenciado. Se trata de proteger el proceso de digitalización televisiva, una transición crucial para el país que no puede quedar en manos de rumores, manipulaciones y “declaraciones off the record”.

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