Organizaciones de suplidores piden a Abinader vetar proyecto de ley que perjudicaría a miles de familias

Barahona, RD. -. El proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para cambiar radicalmente el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido calificado como una "variante perturbadora", de "poco tino" y "falto de juicio". Este proyecto busca eliminar a los proveedores del alimento que se sirve en los centros educativos del país.

La afirmación la hacen la Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), la Unión Nacional de Suplidores de Alimento Escolar (Unsae), la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina), así como la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de la República Dominicana (Asupliderd).

Estas instituciones observan con gran preocupación esta iniciativa de ley porque, aseguran, tiene un claro interés en quebrar económicamente a miles de familias que obtienen su sustento de pequeñas empresas que proveen el almuerzo escolar en todo el territorio nacional.

Indican que muchos de sus miembros se endeudaron para poder establecer sus cocinas, por lo que se preguntan qué pasará con ellos en caso de que prospere la pieza legislativa, la cual ya ha sido sancionada por la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el Senado.

En ese sentido, hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que, en el hipotético caso de que el Proyecto de Ley sea aprobado favorablemente por la Cámara Alta, el mandatario haga uso de sus facultades constitucionales y observe la pieza. Esto es importante porque, de aprobarse, se generaría una situación que arruinaría a cientos de miles de familias que dependen de esta actividad económica.

Sin embargo, estas entidades afirman que, en lugar de crear un proyecto de ley para eliminar a quienes han sustentado el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 15 años, toda iniciativa legislativa que se promueva debe estar orientada a fortalecer el mecanismo ya existente.

Fenafin, Unsae, Asodoina y Asupliderd señalan que, desde hace década y media, son quienes sustentan el PAE, un instrumento que ha generado toda una dinámica productiva y económica en los territorios. Por lo tanto, intentar suplantarlo de un "plumazo" en lugar de contribuir a mejorarlo solo llevaría pobreza a los propietarios de las cocinas industriales responsables de alimentar al alumnado nacional.

“Nosotros no nos oponemos a una mejora ni a que nos regulen mediante una ley; a lo que sí nos oponemos es al intento de eliminarnos, porque toda mejora debe partir de lo que ya existe”, afirman.

De igual modo, señalan que durante estos 15 años han brindado un servicio de alimentación escolar de calidad. Sus emprendimientos productivos han sido certificados, y quienes laboran en las cocinas han recibido capacitaciones en el manejo de los alimentos, lo que ha contribuido a que puedan ofrecer una alimentación de calidad al alumnado nacional.

Precisan que son cientos de miles los empleados, así como las microempresas que participan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por lo tanto, advierten a las autoridades que, de continuar adelante con la pieza legislativa, saben lo que ocurrirá en la República Dominicana, especialmente en los territorios más necesitados y económicamente más deprimidos.

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Señalan que, en el caso de la provincia de Barahona, se habla de unos 1,700 empleados y 110 Mipymes que suministran las materias primas para elaborar el alimento escolar. Sin embargo, en caso de aprobarse el proyecto, estos empleados y Mipymes tendrían que trabajar desde sus casas, lo que dificultaría encontrar el sustento para sus respectivas familias.

"Pero si usted considera que, individualmente, de esos 1,700 empleados directos dependen 3 personas, hablamos de un promedio de 5,100 personas. Lo mismo ocurriría con las Mipymes, ya que el motoconcho y los taxis también se ven impactados por esta actividad", señalan.

Advierten que esperan que el proyecto de ley sea el resultado del consenso y no de la imposición. Sobre todo, insisten en que se evalúen todas las variables, ya que toda iniciativa debe estar orientada a proteger, no a lo contrario.