Alertan que ley libertad de expresión se usaría para quitar datos “difamatorios” en casos judiciales

Santo Domingo. – La organización Participación Ciudadana expresó su inquietud ante aspectos clave del Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, actualmente bajo revisión en el Senado. Durante un encuentro con la comisión especial encargada de estudiar la propuesta, el colectivo advirtió sobre el impacto que ciertas disposiciones podrían tener en la transparencia de los procesos judiciales y el acceso ciudadano a informaciones de interés público.

Uno de los puntos más polémicos es el artículo 59 del proyecto, que permitiría a los tribunales ordenar la eliminación de datos considerados difamatorios dentro de procedimientos judiciales. Según la organización, esta medida sería incompatible con los principios del debido proceso, ya que las acusaciones y defensas suelen contener afirmaciones que, aunque sensibles, son esenciales para el desarrollo de los casos.

Leidy Blanco, vocera de Participación Ciudadana en la reunión, señaló que suprimir ese tipo de datos podría limitar el entendimiento público de procesos judiciales complejos, especialmente en casos de presunta corrupción administrativa. “Las acusaciones pueden parecer difamatorias, pero forman parte legítima del proceso penal. Es necesario establecer excepciones claras”, afirmó.

El colectivo también manifestó su desacuerdo con el artículo 23, que contempla el “derecho al olvido” en internet, permitiendo que una persona solicite la desindexación de contenidos cuando estos afecten gravemente su vida privada. Aunque la medida excluye a funcionarios públicos y personas de relevancia, Participación Ciudadana considera insuficiente esta salvedad y propone que los procesos judiciales queden expresamente excluidos de dicha posibilidad, por su relevancia para la sociedad.

Otro punto debatido fue el artículo 9, relativo a los archivos informativos. La organización teme que, al establecer que solo pueden conservarse informaciones “veraces”, se abra la puerta a presiones indebidas hacia los medios de comunicación, con el argumento de que ciertos contenidos no cumplen con un criterio que podría resultar subjetivo.

En cuanto a la propuesta de que los miembros del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) tengan mandatos de solo dos años, Participación Ciudadana consideró que esa duración es insuficiente para garantizar la estabilidad e independencia del órgano. Por ello, propusieron extender el mandato a cuatro años.

La comisión del Senado, presidida por la legisladora Aracelis Villanueva, continuará con el estudio de la ley en una próxima sesión el miércoles. Villanueva indicó que el análisis se está llevando a cabo sin prisa, con el objetivo de alcanzar una legislación equilibrada y justa para todos los sectores involucrados.