Esposos enfrentan sentencia por participar en red de lavado de activos a través de alquiler de coches en Peravia

Baní, RD.- Un tribunal de la provincia Peravia condenó a un hombre a ocho años de prisión y a su pareja a cinco años de prisión suspendida bajo ciertas condiciones. Ambos se dedicaban al lavado de activos a través de una compañía de renta de vehículos que ya había sido disuelta.

La condena de ocho años de prisión fue impuesta a Ronny Anyolin Guerrero Reyes, quien además fue sentenciado al pago de una multa de 5 millones de pesos. Por otro lado, a Carmen Magdalena Ramírez Pérez se le impusieron 5 años de prisión suspendida bajo ciertas condiciones.

Además de la condena, Argelis Ariel Rojas Espinal, juez del Primer Juzgado de la Instrucción de Peravia, ordenó la disolución de la compañía de fachada Nuevo Orden Rent Car, que estaba bajo el control de los procesados.

El tribunal ordenó el decomiso de siete vehículos de alta gama, tres pistolas (dos de la marca Glock y una HS), varios aparatos electrónicos, prendas, relojes de lujo y dinero en efectivo incautados en los allanamientos, los cuales fueron inmovilizados mediante las medidas implementadas por el Ministerio Público.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, presentó una acusación formal y solicitó la apertura de juicio contra una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y armas, así como al lavado de activos. Esta red operaba en la zona sur del país, teniendo como centro el municipio de Baní y las provincias de Barahona y Pedernales.

La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños. Estaba integrada por Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo y Alan Joseph Del Rosario Polanco.

Además, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martín García, Manuel Apolinar Báez Melo, así como las empresas Caribbean Sea Services SRL y Nuevo Orden Company SRL, formaban parte del grupo que introducía al país grandes cantidades de drogas narcóticas por vía marítima.

La Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, tras el decomiso de 35 sacos de nylon con 872 paquetes que contenían un total de 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo "La Patrona" y confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Un segundo hallazgo consistió en 26.4 kilogramos de cocaína en la residencia del acusado Albertico Franklin Leung y David Alberto Leug, este último prófugo tras escapar del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. Junto a Leug, también se encuentra prófuga su pareja sentimental, la venezolana Leydimar del Carmen Prado.

A raíz del caso, la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo inició una investigación financiera que permitió identificar una organización dedicada a mover exorbitantes sumas de dinero en el sistema financiero nacional, logrando colocar conjuntamente la suma de ciento ochenta y nueve millones, trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos con setenta centavos (RD$189,331,640.70) y realizar salidas por ciento cuarenta y cuatro millones, ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos con siete centavos (RD$144,141,549.07), de los cuales un alto porcentaje fue colocado en el sistema en efectivo.

Ramona Nova Cabrera, titular de Antilavado, y Ángel Darío Tejeda, titular de la Fiscalía de Peravia, consideraron que el crimen organizado recibe un duro golpe con sentencias firmes y con el decomiso de activos obtenidos por el tráfico de drogas. Ambos valoraron el trabajo de los fiscales litigantes Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado.