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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público desplegó un equipo de fiscales que realizan allanamientos como parte de las líneas de investigación abiertas en torno a la Operación Camaleón, con la cual desmantelaron una red de corrupción que defraudó al Estado mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Distrito Nacional y Santo Domingo.
Los allanamientos, coordinados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), son ejecutados por 15 fiscales y se han llevado a cabo en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados se encuentra Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público. Las acciones van encaminadas contra la red de corrupción que defraudó al Estado con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo
En el caso que sigue la Pepca contra los involucrados en la red desmantelada por la Operación Camaleón, están siendo procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
También están involucrados Frank Díaz Warden, ex coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
Operación fue iniciada en 2024
El Ministerio Público puso en marcha el miércoles 2 de octubre la denominada Operación Camaleón con el arresto de siete personas a las que les solicitó medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados fueron recluidos en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
La acusación
El expediente elaborado por el Ministerio Público señala el dinero estaría destinado al pago de contratos, que no cumplían con la Ley de Contrataciones Públicas, para en el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público, Beras es acusado de haber autorizado la adjudicación irregular de contratos a entidades que no cumplían con los requisitos técnicos necesarios, en un proceso de licitación irregular que favoreció a la empresa Transcore Latam S.R.L.
El expediente, de 304 páginas, detalla que Hugo Beras, quien dirigió el Intrant desde agosto de 2022 hasta noviembre de 2023, facilitó la entrada de empresas de carpeta al proyecto de modernización de la red semafórica y el sistema de videovigilancia.
Estas empresas desviaron recursos del Estado mediante contratos inflados y manipulados para favorecer a la red corrupta. Entre los principales acusados se encuentran, además de Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como "Jochi Gómez", y otros cinco involucrados.
El Ministerio Público ha imputado a Beras de múltiples delitos, incluyendo asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco. Entre los otros señalados se encuentran funcionarios y exfuncionarios del Intrant que desempeñaron roles clave en la adjudicación y ejecución fraudulenta de los contratos.
