Procompetencia alerta sobre posibles delitos de consumo en el nuevo Código Penal

Santo Domingo, RD.- La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez, aseguró este lunes que han realizado observaciones al proyecto del nuevo Código Penal con el objetivo de que se reincorporen los delitos de consumo, los cuales, según explicó, fueron omitidos en la propuesta que actualmente se discute en el Congreso Nacional.

“El Código Penal actual, en los artículos 418 y 419, establece qué son los delitos de consumo, y en el proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional, se omitieron esos consumos. Hemos incorporado esas observaciones”, indicó Vásquez.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Vásquez subrayó que se reunieron con la comisión que está estudiando el proyecto de ley de Compras y Contrataciones Públicas, al cual le han hecho varias observaciones.

Más transparencia y régimen de consecuencias

Vásquez subrayó que, desde ProCompetencia, se han realizado análisis comparativos con otras legislaciones, como la de Estados Unidos, donde las prácticas anticompetitivas tienen una connotación penal. A su juicio, la República Dominicana debe adoptar ese enfoque.

“Aquí, en la República Dominicana, también debe contemplarse esa connotación penal, especialmente en los casos relacionados con la colusión en las Compras y Contrataciones Públicas, con el objetivo de lograr una mayor transparencia y un régimen de competencia más justo, ya que estas prácticas afectan a los más vulnerables”, expresó.

Vásquez aseguró que ProCompetencia actúa tanto a partir de denuncias recibidas como de los estudios e informes de abogacía que elabora basándose en un monitoreo constante de los mercados. Además, indicó que también se lleva a cabo un seguimiento activo de los medios de comunicación y de las agendas legislativas, con el fin de identificar prácticas o normativas que puedan afectar la libre competencia. 

“Emitimos informes sobre los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso Nacional, con el objetivo de evitar que se generen distorsiones en el mercado o barreras injustificadas como resultado de esas normas”, expresó la funcionaria.

Explicó que la entidad influye de manera transversal en el desarrollo económico del país, ya que es un organismo estatal cuya misión es promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios.

“Es la institución que debe velar para que todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados de bienes y servicios, a través de dos funciones esenciales: la defensa de la competencia, que implica sanciones, y la promoción y abogacía de la competencia”, afirmó Vásquez. 

Detalló que la promoción implica labores de capacitación y sensibilización, mientras que la abogacía se lleva a cabo mediante informes dirigidos al Congreso Nacional y a entidades reguladoras. Estos informes se basan en estudios de mercado con el objetivo de recomendar mejores prácticas, evitar barreras que distorsionen la competencia y evaluar las condiciones que afectan a los diferentes sectores.